El Gobierno español prepara una nueva regulación más estricta para los centros de datos que operan en el país, con requisitos más duros en consumo de agua, electricidad y ciberseguridad. La medida, que por ahora es un borrador de decreto, se someterá a consulta pública esta misma semana, según informó la agencia Reuters.
España se ha convertido en uno de los destinos preferentes en Europa para instalar centros de datos dedicados a la inteligencia artificial (IA), gracias a su abundante energía renovable y la disponibilidad de terreno. Sin embargo, el auge de estas infraestructuras ha llevado a la Administración a buscar un equilibrio entre atraer inversiones y garantizar la sostenibilidad.
Qué exige el nuevo borrador
El decreto, según Reuters, exigirá que los operadores de centros de datos estén establecidos en la Unión Europea y que los datos y metadatos que administren permanezcan dentro del bloque. Para ello, deberán habilitar mecanismos que controlen el acceso desde terceros países. Las instalaciones que gestionen datos de entidades públicas o vinculados a la seguridad nacional quedarán sujetas a controles adicionales.
En materia de eficiencia, la regulación se alineará con el nivel más alto previsto por la etiqueta de sostenibilidad que prepara la UE para estos centros. Además, se aplicarán normas de energías renovables similares a las del hidrógeno verde.
Exigencias energéticas y de agua
Uno de los puntos más relevantes es que las energías renovables deberán cubrir al menos el 80% del suministro energético durante cada hora de funcionamiento. También se exigirá que cada nuevo megavatio de energía consumido sea compensado con un megavatio renovable instalado en los 18 meses previos al inicio de operaciones.
En cuanto al agua, la nueva normativa se alineará con el nivel más alto de eficiencia previsto por la etiqueta de sostenibilidad que está preparando la Unión Europea para los centros de datos. Esta medida busca reducir el impacto hídrico de unas instalaciones que requieren grandes volúmenes de agua para refrigeración.
Sanciones y plazos de adaptación
Si la norma se aprueba y un operador la incumple, podría ser sancionado e incluso desconectado de la red eléctrica. Las reglas se aplicarán a instalaciones con potencia superior a un megavatio que aún no estén conectadas a la red. Los proyectos ya aprobados y en trámite de permisos tendrán seis meses para adaptarse.
La estrategia del Gobierno español refleja su intención de aprovechar el interés de las empresas tecnológicas para elegir los proyectos más eficientes en sostenibilidad y ciberseguridad. Sin embargo, esta estrategia conlleva riesgos: si las nuevas normas resultan demasiado restrictivas, algunos de estos proyectos podrían acabar apostando por otros destinos.
Contexto y desafíos
El desafío para el Gobierno español es doble: regular las condiciones de operación para garantizar la sostenibilidad y, al mismo tiempo, no ahuyentar a las empresas tecnológicas que han decidido invertir en el país. Si las normas resultan demasiado restrictivas, algunos proyectos podrían optar por otros destinos.
Por el momento, el borrador está en fase de consulta pública, por lo que los detalles finales podrían variar antes de su aprobación. No se ha precisado la fecha exacta de entrada en vigor ni qué organismos supervisarán el cumplimiento de los nuevos requisitos.
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