La política de "mano dura" que impulsa el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, contra las organizaciones criminales y armadas podría tener consecuencias negativas para el Perú, como el incremento del narcotráfico y del crimen, advirtió Javier Osorio, profesor de la Universidad de Arizona (EE.UU.).
En diálogo con Ampliación de Noticias, el especialista explicó que las acciones de la nueva gestión colombiana podrían desencadenar que los grupos criminales e insurgentes se desplacen hacia el Perú.
"En el caso de Colombia, las nuevas políticas públicas que va a poner en curso el nuevo presidente seguramente van a tener un efecto de impacto a través de las fronteras sobre el Perú. Entonces, la mano dura colombiana posiblemente tenga externalidades negativas para Perú y veamos un mayor flujo de narcotráfico, de organizaciones criminales operando en el Perú", señaló.
Osorio sostuvo que estas actividades de Gobierno suelen generar el desplazamiento de los grupos criminales e insurgentes hacia los lugares más propicios para sus operaciones, especialmente donde el Estado tiene baja capacidad de control.
"Estas actividades de Gobierno muchas veces generan desplazamiento de los grupos criminales e insurgentes que buscan los lugares más propicios y fáciles para amasar sus actividades, y esto ocurre en contextos donde el Estado tiene baja capacidad de control, supervisión, operación, y en unas circunstancias donde la debilidad del Estado facilita sus operaciones es donde se van a meter", manifestó.
¿Qué acciones debe implementar el Estado para vencer la violencia en el VRAEM?
El especialista sostuvo que el Estado peruano no podrá superar la violencia en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) si se limita a acciones militares o policiales. Señaló que debe fortalecer su presencia mediante justicia, servicios públicos, protección de derechos, regulación económica y recaudación de impuestos para cerrar los vacíos que aprovechan las organizaciones criminales.
"El Estado necesita ser un Estado completo, no solamente un Estado militar. Porque en estos espacios donde no hay Estado es donde se meten las organizaciones a cultivar relaciones con las comunidades. […] Lo que tiene que hacer el Estado [es] crecer mucho más allá de simplemente mandar al Ejército a las calles o fortalecer a la Policía. Necesitamos justicia, necesitamos acceso a derechos, a servicios públicos; esos son los espacios en los que se aprovechan la criminalidad y los grupos armados", indicó.
Coordinación entre Fuerzas Armadas y Policía
Osorio destacó que la clave está en la coordinación institucional, el intercambio de inteligencia y la lucha contra la corrupción, además de atacar integralmente las estructuras criminales, incluyendo sus finanzas y lavado de dinero.
"Cuando las instituciones tienen distintos mandatos y distintos intereses y pugnas presupuestarias, ahí es donde es la receta del fracaso. Lo que tenemos que hacer es mantener cada institución con su específico mandato y su dotación presupuestal, pero generar mecanismos de comunicación e inteligencia", indicó.
El experto enfatizó que la clave no es solo el despliegue de fuerza, sino generar inteligencia sin corrupción y coordinar acciones contundentes contra toda la estructura criminal, no solo contra un líder o cabecilla.
"La clave de esto no es solamente el despliegue de fuerza, sino generar inteligencia sin corrupción, que es un problema gigantesco porque una vez que tienes una fuga, entonces echa a perder toda la investigación. Lo importante es generar coordinación entre las distintas ramas de Gobierno para tener acciones mucho más contundentes, no solamente de ir por un líder o una cabecilla, sino toda una estructura criminal, no solo la parte de cultivo de drogas, sino el análisis financiero, todo el lavado de dinero que tienen e ir por todos. Esas son las claves de éxito, la coordinación institucional manteniendo cada institución con sus privilegios y sus mandatos institucionales", acotó.
El efecto globo en la región
El concepto de "efecto globo" describe cómo, cuando un Estado incrementa la presión sobre una organización criminal, esta rara vez desaparece; generalmente se desplaza hacia zonas con menor control estatal. Este fenómeno es una constante en la lucha contra las economías ilícitas en la región.
Según el medio Plan V, los nuevos gobiernos de Colombia y Perú han manifestado su intención de endurecer la respuesta frente a las organizaciones criminales y fortalecer la cooperación regional en seguridad. Ecuador también ha expresado su voluntad de coordinar acciones conjuntas con sus dos vecinos.
La experiencia regional muestra que el narcotráfico, la minería ilegal y las redes transnacionales poseen una elevada capacidad de adaptación y reorganización. No se trata únicamente de mover rutas: las organizaciones criminales trasladan mandos, operadores financieros, centros logísticos, arsenales, laboratorios, mecanismos de lavado de activos y sistemas de corrupción institucional.
Violencia contra pueblos indígenas en la región
En 2025, los pueblos indígenas de América Latina enfrentaron un aumento de la violencia contra sus territorios y liderazgos. Según Mongabay Latam, las industrias legales e ilícitas penetraron y se expandieron en sus territorios, agudizando los conflictos socioambientales y poniendo en riesgo a las comunidades y la biodiversidad.
El informe de Global Witness reveló que en el 82 % de los casos registrados en 2024 la violencia se concentró de forma desproporcionada en Latinoamérica: los defensores indígenas y campesinos fueron los más afectados, con 45 casos por cada grupo. Solo en Colombia, el país más violento, 19 víctimas pertenecían a comunidades indígenas.
Las Naciones Unidas, a través de su Relatoría Especial, advirtieron un agravamiento de la violencia, la criminalización y la exclusión contra los defensores climáticos y del territorio en toda la región.
Comentarios
Comparte tu opinión de manera respetuosa.
Inicia sesión para dejar un comentario.