El ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, afirmó este martes que las protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz desde hace más de un mes ya no constituyen solo un conflicto interno, sino que tienen "componentes transnacionales" y estructuras "vinculadas al narcotráfico" que buscarían "debilitar" al Estado boliviano.
"Bolivia enfrenta hoy una amenaza que ya no puede ser vista solamente como un conflicto interno. Hay componentes transnacionales, financiamientos oscuros, intereses criminales y estructuras vinculadas al narcotráfico que buscan debilitar al Estado, fracturar la convivencia democrática y someter a la población mediante el miedo", declaró Justiniano en un acto en el Colegio Militar del Ejército en La Paz, donde recibió un reconocimiento como nuevo ministro, cargo que asumió el pasado miércoles.
El ministro —quien antes fue el zar antidrogas del Gobierno de Paz— sostuvo que algunos sectores que "no pudieron doblegar al país con los bloqueos" de carreteras "decidieron escalar" y pasaron "de la piedra a la bala", y les señaló de pretender emplear "métodos de terror, movimientos de rebelión y acciones de sedición" para imponerse "por la fuerza".
Las protestas y bloqueos comenzaron a principios de mayo impulsados por sindicatos campesinos del altiplano y la Central Obrera Boliviana (COB), a los que se sumaron sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019). Los conflictos han dejado al menos diez fallecidos —siete de ellos por no recibir atención médica oportuna debido a los cortes de rutas— y pérdidas económicas por más de US$ 2 340 millones.
Justiniano subrayó que "la protesta pacífica es un derecho", pero "la violencia es un delito" y advirtió que el Gobierno actuará con "legalidad" y "firmeza" frente a quienes busquen "convertir el miedo en método político". Paz firmó el lunes la ley de Regulación de Estados de Excepción para permitir la actuación de las Fuerzas Armadas en el control de las protestas, aunque la medida requiere un decreto que debe ser validado por el Legislativo. Los sectores afines a Morales advirtieron que, si se dicta el estado de excepción, llamarán a la "desobediencia civil" y tomarán cuarteles en el Trópico de Cochabamba, bastión sindical y político del exgobernante y una de las mayores zonas cocaleras del país.
Morales permanece en esa zona del centro de Bolivia desde octubre de 2024, resguardado por sus seguidores para evitar ser capturado dentro de un proceso penal por trata agravada de personas, por su supuesta relación con una menor de edad con la que presuntamente tuvo una hija cuando fue presidente en 2016.
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