La relación entre Estados Unidos y América Latina ya no se define solo por lo comercial: la nueva estrategia de seguridad nacional de Washington, lanzada en noviembre de 2025, prioriza el ejercicio del poder y la intervención militar en el continente. El documento oficial busca “restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental” y proteger el acceso a “puntos geográficos estratégicos”, una visión que se ha traducido en acciones concretas, incluidos ataques militares en la región.
La estrategia, conocida como la doctrina Donroe o el corolario Trump a la doctrina Monroe, identifica tres amenazas principales: narcotráfico, terrorismo y migración irregular, a las que suma el rol de potencias no hemisféricas, con una clara alusión a China. El texto busca impedir que esas potencias “puedan posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes” en el hemisferio, lo que consolida la visión de la región como zona de influencia exclusiva de EE. UU.
Ataques y despliegues sin precedentes
Desde septiembre del año pasado, según distintos medios, Washington ha realizado decenas de ataques militares contra embarcaciones calificadas como narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, que han costado la vida a más de 100 personas, la mayoría no identificadas. En noviembre de 2025, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció la operación Lanza del Sur, con un despliegue que incluyó todas las ramas de la defensa y más de 15.000 efectivos.
El 3 de enero de este año, el Pentágono informó de un ataque contra Venezuela que culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, quienes fueron trasladados a Nueva York. Fue el primer ataque militar directo de tropas estadounidenses en América Latina desde la Guerra Fría. El 12 de junio, en una operación conjunta, fue asesinado por un bombardeo el líder del Tren de Aragua, El Niño Guerrero. Estas acciones se ejecutaron sin autorización del Congreso estadounidense y sin respetar el derecho internacional.
Respuesta de la región
Varios países han respaldado las acciones de Washington. Colombia, bajo el nuevo presidente Abelardo de la Espriella, ha manifestado su alineamiento con la política de seguridad de EE. UU. Ecuador, pese a perder un referéndum para permitir la entrada de tropas extranjeras, autorizó operaciones militares conjuntas. Paraguay otorgó inmunidad jurisdiccional a militares estadounidenses. México mantiene una tensa relación, con amenazas de ataques contra carteles en su territorio, mientras que Cuba y Nicaragua enfrentan sanciones y amenazas de intervención.
Otros países, entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guyana, Panamá, Perú y Trinidad y Tobago, han expresado su apoyo, en parte a través de la coalición Escudo de las Américas, que difumina el límite entre seguridad interior y defensa.
Presión para aumentar el gasto militar
El pasado 8 de julio, en la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas en Cusco, Perú, el subsecretario de Guerra de EE. UU., Elbridge Colby, señaló que la inversión regional en defensa era baja y debía elevarse al 5% del PIB (3,5% en gastos militares básicos más 1,5% en seguridad). El promedio mundial es cercano al 2,5% del PIB, mientras que en América Latina ronda el 1,4%. Un aumento de esa magnitud podría desestabilizar la región y desatar una carrera armamentista.
La estrategia de interferencia e intervención militar del gobierno de Trump representa uno de los cambios más importantes en la relación hemisférica de las últimas décadas. Frente a ello, según el análisis, se plantea la necesidad de limitar la securitización, evitar un gasto en defensa injustificado y reactivar organismos regionales para una articulación multilateral, en lugar de una simple alineación con EE. UU., restableciendo el derecho internacional y el respeto a los derechos humanos.
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