Una carretera no se mantiene con convenios, resoluciones ni expedientes. Se mantiene con maquinaria, presupuesto, decisiones oportunas y presencia en el territorio. Por eso, lo ocurrido con la HU-104 no puede reducirse a una simple explicación administrativa. Para Diario Ahora, este caso revela algo mucho más preocupante: cuando las instituciones no coordinan a tiempo, el ciudadano termina pagando el costo de una burocracia que se responde a sí misma, pero no necesariamente resuelve.
El tramo Tournavista–Nueva Independencia–Unión Porvenir estaba incluido entre las vías previstas para mantenimiento durante 2026. Más aún, en julio obtuvo conformidad ambiental para un mantenimiento periódico de 42.24 kilómetros. Sin embargo, llegado septiembre, la propia Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones reconoce que no intervino la carretera porque Provías Descentralizado no habría autorizado los trabajos al encontrarse la vía incorporada en Proregión 23, cuya licitación recién comenzó el 31 de agosto.
Ese cruce de decisiones puede tener una explicación técnica. Lo que no tiene una explicación satisfactoria, desde la mirada ciudadana, es cómo una carretera puede aparecer en una programación, avanzar hasta obtener conformidad ambiental y, finalmente, quedar sin atención porque otro proyecto la comprende. Entre una oficina y otra puede existir un argumento administrativo impecable. En el camino, sin embargo, sigue existiendo barro, dificultad para transitar y una población que necesita movilizarse.
Ese es el punto que no debe perderse.
No estamos ante una discusión sobre quién redactó mejor un documento. Estamos frente a una vía que, según la información publicada por este diario, presentaba malas condiciones antes de la temporada de lluvias y que había sido considerada para recibir mantenimiento. Si la intervención no podía ejecutarse, esa decisión tenía que quedar definida antes, con claridad y sin generar expectativas que después terminaran chocando contra otra programación estatal.
Más preocupante todavía es que Proregión 23 tampoco represente una solución inmediata. Su convocatoria supera los S/270 millones y comprende más de 186 kilómetros en Huánuco y Ucayali, pero el proceso recién se encuentra en contratación. Entre la convocatoria, la adjudicación, la firma contractual y la movilización del futuro ejecutor existe un tiempo que la carretera real —la que utilizan todos los días transportistas y pobladores— no necesariamente puede esperar.
Diario Ahora considera que la responsabilidad pública no termina diciendo “esa vía le corresponde a otro proyecto”. Si una entidad la incluyó en su programación y luego quedó impedida de intervenirla, corresponde explicar cuándo se tomó esa decisión, qué documento la sustenta y, sobre todo, qué medida concreta evitará que el tramo continúe deteriorándose mientras avanza la licitación.
La ciudadanía no debería tener que aprender la diferencia entre un convenio, una autorización ambiental y un corredor vial para saber por qué su carretera sigue sin atención. Esa explicación corresponde al Estado, no al usuario.
El verdadero examen, por tanto, no está en los papeles que ya existen. Está en lo que suceda con la HU-104 durante los próximos meses. Porque cuando llegan las lluvias, los expedientes dejan de ser excusa. Y la realidad, como siempre, termina pasando factura.
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