El 5 de julio, en Yuyapichis, la Policía, la Marina y la Fiscalía destruyeron nueve balsas dragas en el río Pachitea. Estaban valorizadas en S/1 336 735, según Infobae: casi S/150 000 cada una. No se reportaron detenidos.
Un mes después, el satélite volvió a mirar el río y contó 43.
Entre mayo y julio, las autoridades destruyeron más de 25 dragas en el Pachitea. En agosto, la plataforma de monitoreo RAMI detectó 43 operando, sobre todo en Puerto Inca y Yuyapichis, como informó Diario Ahora. Si cada una valiera lo que las quemadas en julio, sobre el río habría hoy más de S/6 millones en maquinaria. Nadie invierte esa suma en un negocio que pierde. Esa es la señal que el Estado no está leyendo.
Destruir dragas es necesario. Pero no basta. Una draga quemada hoy se reemplaza mañana mientras siga en pie lo que la sostiene: el dinero que compra el equipo, el combustible que lo hace funcionar, el comprador que recibe el oro y quien financia toda la cadena. El operativo termina con una columna de humo, una fotografía y un parte policial. El negocio, en cambio, sigue.
Cuesta creer que puedan moverse por un río embarcaciones, motores, combustible y maquinaria de ese valor sin dejar un rastro económico. Alguien vende el combustible. Alguien transporta los equipos. Alguien compra el oro y lo vuelve dinero limpio. Esas preguntas —quién compra, quién abastece, quién financia y cómo circula la plata— deberían ocupar a la Fiscalía y a la inteligencia policial tanto como la próxima incursión fluvial.
No se trata de perseguir solo al trabajador que huye de la balsa cuando llega la patrulla. Muchos son peruanos que buscan un ingreso que la economía formal no les da. Se trata de llegar a quienes hacen rentable el circuito y nunca se mojan los pies.
El Pachitea no es una estadística ambiental. Es pesca, transporte, trabajo y agua para las familias que viven en sus orillas. Cuando se remueve el lecho, se enturbia el cauce o se vierten los químicos que usa la extracción ilegal de oro, el daño lo pagan personas que jamás vieron un sol de ese negocio.
Incluso la forma de combatirlo merece revisión. El ambientalista Laurent Boucher, presidente del Colectivo Ambiental Región Huánuco, advirtió a este diario que quemar las dragas en el mismo lugar deja residuos tóxicos en el río que se quiere proteger, y propuso incautarlas y retirarlas. Las destrucciones se hacen al amparo del Decreto Legislativo 1100; quizá es hora de discutir si quemar en el sitio es siempre la mejor salida.
Huánuco no puede seguir enfrentando una economía ilegal instalada en su territorio con visitas periódicas. Necesita presencia permanente del Estado, control del combustible y de los insumos, investigación financiera, vigilancia ambiental y coordinación real entre la Policía, la Fiscalía, la Marina y el Gobierno Regional. Y necesita que alguien responda por los resultados.
Los operativos deben continuar. Pero cada draga destruida sin que se toque a su dueño es apenas una pausa en el negocio.
El satélite ya hizo su parte: nos mostró dónde están las dragas. Ahora le toca al Estado demostrar que también sabe encontrar a quienes las vuelven a poner en el río.
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