La seguridad nacional ya no se plantea únicamente desde una perspectiva militar. La nueva Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030 propone una respuesta que incorpora dimensiones políticas, sociales y económicas frente a amenazas que afectan la seguridad y los derechos de la población.
El enfoque fue presentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) durante una jornada informativa realizada en cumplimiento de los encargos de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA).
Minería ilegal y crimen organizado: amenazas con impacto económico
La estrategia plantea que la defensa nacional debe responder a un escenario en el que las amenazas no provienen únicamente de conflictos convencionales. Entre los problemas considerados se encuentran la inseguridad ciudadana, el crimen organizado, la corrupción, la minería ilegal y los desastres.
La inclusión de la minería ilegal y el crimen organizado en la política de seguridad y defensa implica reconocer que estas actividades generan impactos que exceden el ámbito del orden público. La minería ilegal, por ejemplo, es una actividad extractiva que opera al margen de las autorizaciones estatales y que, según el enfoque de la nueva política, requiere una respuesta coordinada entre sectores.
La propuesta busca articular la respuesta de diferentes sectores del Estado y reducir las condiciones de vulnerabilidad que pueden afectar la seguridad y el bienestar de las personas. Este cambio supone pasar de una concepción centrada principalmente en el componente militar hacia una política que también incorpora factores sociales, económicos y políticos.
La política al 2030 parte de la premisa de que fenómenos como el crimen organizado, la minería ilegal o los desastres pueden generar impactos que exceden a un solo sector del Estado. Por ello, plantea una intervención coordinada y multisectorial, con responsabilidades distribuidas entre las instituciones involucradas.
Derechos humanos y marco legal en la respuesta estatal
Dentro de este esquema, el MINJUSDH tiene participación en el Consejo de Defensa Nacional, donde aporta el enfoque de derechos humanos y el marco jurídico que debe orientar la actuación estatal.
El objetivo es que las medidas adoptadas frente a las amenazas a la seguridad nacional se desarrollen dentro del marco legal y respetando los derechos fundamentales.
La jornada también abordó la Ley de Movilización para la Defensa Nacional y el Orden Interno, una de las herramientas vinculadas a la capacidad de respuesta del Estado ante situaciones que comprometan la seguridad del país.
La exposición estuvo a cargo del teniente general FAP (r) Rodolfo García Esquerre, coordinador de la Unidad Funcional de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres del MINJUSDH.
La nueva política busca, en ese sentido, establecer una hoja de ruta para que las distintas entidades públicas respondan de manera articulada a las amenazas que puedan afectar la seguridad, integridad y derechos de los ciudadanos. El documento no precisa aún plazos, presupuesto ni responsables específicos por sector, aspectos que quedan pendientes de definición.
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