Las ventas de la minería ilegal en el Perú habrían superado los US$10.000 millones durante el 2025, según diversas estimaciones recogidas por El Comercio. La cifra, que podría repetirse este año, equivale a la construcción de 70 centros comerciales de gran tamaño en un solo año y supera el valor anual de las agroexportaciones registrado en cualquier ejercicio previo a 2024.
El monto estimado coloca a la minería ilegal como una de las actividades económicas más lucrativas del país, pese a operar al margen de la ley. La comparación con sectores formales como la agroexportación evidencia la magnitud del fenómeno y su impacto en la economía nacional.
El destino de los recursos
La pregunta que surge de estas estimaciones es hacia dónde se dirigen esos miles de millones de dólares. Las cifras, aunque no precisan una distribución exacta, sugieren que los fondos podrían alimentar redes de financiamiento ilegal, corrupción y economías paralelas en diversas regiones del país, aunque no se cuenta con datos oficiales que confirmen ese destino.
La falta de datos oficiales desglosados impide determinar con exactitud el uso de esos recursos. No obstante, el monto total ofrece una dimensión del desafío que enfrentan las autoridades para combatir una actividad que opera al margen del sistema financiero formal.
Impacto en la economía formal
La magnitud de estas ventas supera el valor de sectores productivos formales clave. Por ejemplo, la agroexportación, uno de los rubros con mayor crecimiento en las últimas décadas, no alcanzó ese nivel anual hasta 2024, según los datos disponibles.
Esta comparación subraya la distorsión que genera la minería ilegal en la economía: compite con actividades legales, evade impuestos y podría no generar beneficios sociales para las comunidades donde opera. Además, el dinero generado suele salir del circuito bancario regular, lo que dificulta su trazabilidad.
Perspectivas para 2026
Las estimaciones para el presente año apuntan a que el monto podría mantenerse en niveles similares, lo que indicaría que la actividad ilegal no ha perdido dinamismo. Sin embargo, no se precisan factores que podrían influir en una variación, como cambios en los precios internacionales del oro o acciones de fiscalización.
La falta de datos oficiales actualizados y de un desglose por regiones o rutas de comercialización limita un análisis más profundo. Las autoridades no han emitido pronunciamientos recientes sobre estas estimaciones, según la información disponible.
El próximo paso sería conocer si el Estado implementará medidas específicas para frenar esta actividad o si los montos seguirán creciendo sin control. Por ahora, la cifra de US$10.000 millones queda como referencia del enorme desafío económico y legal que representa la minería ilegal en el Perú.
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