Huánuco necesita obras, pero no cualquier obra ni de cualquier manera. Necesita intervenciones bien diseñadas, transparentes y respetuosas de la ciudadanía. Lo ocurrido en la laguna Viña del Río expone exactamente lo contrario: improvisación, información insuficiente y una preocupante disposición a avanzar primero para explicar después.
El gobernador regional Antonio Pulgar reconoció que la certificación ambiental y la factibilidad de servicios de Seda Huánuco seguían en trámite. Pese a ello, durante la madrugada del 18 de julio apareció un cerco alrededor de la laguna, como señal visible de una intervención que la población no conocía con claridad. La Fiscalía Ambiental solicitó una verificación urgente para determinar si la obra comenzó sin las autorizaciones exigibles y advirtió que los hechos, de confirmarse, podrían encajar en una presunta alteración del ambiente o paisaje. No existe todavía una responsabilidad establecida, pero sí razones suficientes para exigir explicaciones inmediatas.
Ese es el problema de fondo. Una obra pública no se legitima solamente porque tenga presupuesto, expediente o una placa con el nombre de una autoridad. Se legitima cuando cumple la ley, demuestra viabilidad técnica, informa a los vecinos y reduce al mínimo los daños que provocará durante su ejecución. Cercar un espacio central de la ciudad sin una comunicación previa clara no es eficiencia. Es tratar a la ciudadanía como si fuera un obstáculo y no la verdadera destinataria de la inversión.
Tampoco basta anunciar que los trabajos comenzarán “en los próximos días”. Las fechas cambiantes erosionan la confianza. Primero se anunció el 15 de julio; después se evitó fijar un nuevo plazo. Cuando una autoridad promete una fecha sin tener resueltos los permisos esenciales, convierte la planificación en propaganda y la incertidumbre en costo para comerciantes, transportistas, vecinos y usuarios del espacio público.
Huánuco no debe escoger entre obras y legalidad. Esa es una falsa disyuntiva. La región puede y debe ejecutar proyectos, pero con documentos completos, cronogramas realistas, mecanismos de vigilancia y canales de información permanentes. La urgencia por mostrar cemento no puede imponerse sobre la obligación de proteger el ambiente y garantizar que el dinero público produzca resultados duraderos.
También preocupa que, en el tramo final de la gestión, se acumulen anuncios de intervenciones urbanas mientras sigue pendiente una explicación convincente sobre el impacto regional de estos años de gobierno. Una administración regional no puede reducir su balance a proyectos concentrados en la capital. Debe responder por las brechas de salud, educación, conectividad, agricultura y servicios que afectan a las provincias.
La responsabilidad ciudadana tampoco termina en la crítica. Elegir autoridades exige memoria, evaluación y menos tolerancia frente a la improvisación. Huánuco ha perdido demasiado tiempo normalizando promesas incompletas y obras que comienzan rodeadas de dudas.
Viña del Río puede convertirse en una intervención valiosa. Pero para ello el Gobierno Regional debe demostrar, antes de avanzar, que cuenta con permisos, sustento técnico y transparencia. El desarrollo no se impone a la fuerza. Se construye con legalidad, respeto y confianza.
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