El fútbol peruano vive su semana más tensa con un choque legal sin precedentes. Universitario de Deportes, Alianza Lima y la Liga de Fútbol Profesional se enfrentan por un presunto caso de racismo y una controvertida reforma normativa, amenazando con una guerra en los tribunales que podría redefinir el futuro de hasta 18 clubes.
Una bomba legal y mediática ha estallado en el fútbol peruano, envolviendo a Universitario de Deportes, Alianza Lima y las autoridades de la Liga Profesional. El conflicto, que inició tras un presunto acto de racismo el sábado 14 de marzo, ha escalado rápidamente con un nuevo reglamento de justicia notificado el 16 de marzo, desatando una batalla de declaraciones y amenazas de acciones judiciales sin precedentes en la temporada 2024.
Según la investigación publicada por Depor, la Liga 1 se ha visto sacudida por un torbellino de acusaciones que va más allá de lo deportivo, poniendo en entredicho la transparencia y legitimidad de sus órganos disciplinarios. Este complejo escenario amenaza con alterar el desarrollo del Torneo Apertura y sentar un precedente para los próximos 4 años en la gobernanza del balompié nacional.
Minuto 97: El detonante de una crisis sin precedentes
El punto de inflexión se dio el pasado sábado 14 de marzo, durante el encuentro entre Universitario y UTC por la jornada 8 del Torneo Apertura en el Estadio Monumental. Lo que parecía un partido más, pasó a segundo plano en el minuto 97, cuando el árbitro Michael Espinoza activó el protocolo antirracismo. Según su informe oficial, los jugadores de UTC, Piero Serra y el portero Angelo Campos, denunciaron sonidos de mono provenientes de la tribuna sur. Tras escucharlos, el juez dejó constancia de que un grupo de personas gritaba “U-U-U…”, activando la normativa de inmediato. Este incidente, el primero de esta magnitud en la temporada 2024, revive fantasmas de eventos similares ocurridos en 2023, cuando Sporting Cristal enfrentó sanciones. Las posibles consecuencias para Universitario incluyen el cierre del estadio por un período de 2 a 5 fechas, y multas que oscilan entre 10 y 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que podría significar entre S/51.500 y S/257.500, considerando que 1 UIT equivale a S/5.150 en 2024. Este cierre afectaría a más de 50.000 hinchas, la capacidad máxima del coloso crema.
¿Una comisión elegida "a dedo" y fuera de la norma?
Inmediatamente después del partido, Franco Velazco, administrador de Universitario, aprovechó la zona mixta para salir al frente. Con 3 años de experiencia al mando del club, Velazco no solo negó categóricamente el acto de racismo, sino que lanzó una fuerte acusación contra la Liga de Fútbol Profesional: la conformación de la Comisión Disciplinaria no se habría realizado conforme a los estatutos. El directivo afirmó que la elección de estos miembros debería ser democrática, involucrando a todos los 18 clubes que conforman la Liga 1, como se hacía bajo el anterior modelo de la Asociación. Su objetivo era doble: anticiparse a una posible sanción contra el Estadio Monumental y cuestionar la transparencia general del sistema, mencionando amonestaciones previas desfavorables para Jairo Concha y Javier Rabanal que, según él, revelaban un patrón.
El reglamento fantasma que encendió las alarmas
La tensión se disparó el lunes 16 de marzo por la mañana, cuando la Federación Peruana de Fútbol (FPF) notificó sorpresivamente un nuevo Reglamento Único de Justicia. Este documento reemplazaba a uno que llevaba 8 años vigente y que había sido la base para innumerables decisiones. La coincidencia temporal fue explosiva: el reglamento habría sido aprobado el 4 de marzo, con una aplicación establecida desde el 9 del mismo mes. Sin embargo, la notificación oficial a los clubes llegó el 16 de marzo, detallando que las nuevas normas regirían a partir de esa misma fecha. Esta secuencia de fechas, un lapso de 12 días entre aprobación y notificación, encendió las alarmas en varios clubes, particularmente en Alianza Lima.
¿Juzgar con leyes nuevas casos antiguos? La preocupación de Alianza
La principal preocupación de clubes como Alianza Lima, expresada el martes 17 por su representante legal, José Asti, era la retroactividad. ¿Se aplicaría este nuevo reglamento, notificado el 16 de marzo, a incidentes como el del 14 de marzo? Asti y Alianza Lima exigieron transparencia total a la Liga de Fútbol Profesional Peruano (LFPP), solicitando una declaración oficial que aclarara la situación. Horas después de las declaraciones de Asti, el propio club Alianza Lima publicó un comunicado en sus redes sociales, demandando la misma claridad y mostrando su preocupación por la seguridad jurídica en la Liga 1, una inquietud compartida por muchos de los 18 equipos del torneo. Este conflicto podría afectar hasta los 15 partidos restantes del Torneo Apertura de 2024 si no se resuelve con celeridad.
Estatutos y el "Artículo 25": la defensa legal de Universitario
Frente a la inminente amenaza de una cuantiosa sanción económica, jugar sin público y el posible daño a su prestigio internacional, la administración de Universitario intensificó su ataque el miércoles. Franco Velazco aseguró estar recolectando pruebas contundentes para refutar cualquier acto de racismo, incluso sugiriendo que "agentes dentro de la cancha" pudieron provocar la reacción del árbitro. Pero su defensa fue más allá, cuestionando la legitimidad del sistema de justicia del campeonato. Velazco afirmó que los miembros de la Comisión Disciplinaria fueron elegidos "a dedo", contraviniendo el Artículo 25 de los estatutos, que establece que la Asamblea General (compuesta por todos los clubes) debe elegir a los integrantes por un período de 4 años. Amenazó con llevar el caso hasta las últimas consecuencias legales si no se garantizaba un proceso transparente.
La respuesta oficial: "Notificados el 26 de febrero"
La contra-respuesta no se hizo esperar. Fernando Corcino, presidente de la LFPP, salió al frente con muchísima fuerza apenas unas horas después de las declaraciones de Velazco. Corcino desmintió categóricamente que la comisión haya sido elegida "a dedo", aclarando que todos los 18 clubes, incluyendo Universitario, fueron notificados formalmente de la identidad de los integrantes el pasado 26 de febrero. El presidente de la Liga calificó las declaraciones de Velazco como "lamentables", basadas en una interpretación "parcializada del reglamento", y defendió la legalidad del proceso, señalando que los clubes tenían pleno conocimiento de los miembros desde hace más de 20 días.
¿Guerra judicial o asamblea de paz? El futuro en el aire
Lejos de aplacarse, el conflicto se agudizó. Minutos después de la entrevista de Corcino con RPP, Franco Velazco usó sus redes sociales para reiterar su posición: los estatutos exigen la presencia y elección directa de los clubes en la Comisión Disciplinaria. El mismo presidente de la LFPP confirmó que la Asamblea de Bases, clave para la elección de estos órganos, recién se llevará a cabo en abril. Ante este panorama, Velazco sentenció que Universitario no escatimará recursos para defender los derechos de los clubes, dando la indicación al área legal del club de iniciar las "acciones legales (judiciales) correspondientes" para determinar qué derecho prevalece. Esta escalada amenaza con llevar el fútbol peruano a los tribunales civiles y deportivos, dejando en el aire la estabilidad de la temporada 2024 y sentando un precedente que podría impactar las decisiones hasta el año 2026, redefiniendo la manera en que se administran las comisiones disciplinarias y la justicia deportiva en el país.
Crédito de imagen: Fuente externa
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