La marcha de jubilados y pensionistas hacia el Gobierno Regional de Huánuco vuelve a poner sobre la mesa una verdad incómoda: la deuda social no es un trámite pendiente, sino una obligación moral y pública con quienes dedicaron su vida al servicio del Estado. Cuando los adultos mayores salen a la calle para exigir pensiones dignas y compromisos cumplidos, el problema ya dejó de ser administrativo. Es una señal de abandono.
Diario Ahora considera que ninguna gestión regional puede tratar este reclamo como un asunto menor. Los jubilados no piden privilegios. Exigen claridad, cronograma, voluntad política y respeto. Si existen recursos, procedimientos o unidades ejecutoras pendientes, corresponde explicar con precisión qué falta, quién debe resolverlo y cuándo se pagará. La falta de respuestas concretas solo alimenta desconfianza.
El profesor César Martel sostuvo que tres organizaciones de pensionistas participaron en la protesta y cuestionó la demora en la atención de la deuda social. También señaló que los jubilados sienten que “los están paseando” tras conversaciones con funcionarios regionales. Esa percepción, por sí sola, ya debería preocupar a cualquier autoridad responsable.
El Estado suele ser rápido para exigir obligaciones al ciudadano, pero lento para cumplir las suyas. Esa contradicción golpea con más dureza a quienes viven de una pensión y no tienen margen para esperar años entre expedientes, transferencias y promesas. La vejez no puede depender de la paciencia burocrática.
El Gobierno Regional de Huánuco tiene la responsabilidad de transparentar el monto real de la deuda, identificar a los beneficiarios, precisar qué unidades ejecutoras cumplieron con sus trámites y publicar un cronograma verificable. Sin esa información, cualquier explicación será insuficiente.
También es legítimo que los pensionistas reclamen una pensión digna y mejores condiciones de atención en salud. Pero el debate debe sostenerse con información seria, sin manipulación política y sin convertir el dolor de los jubilados en bandera electoral. La causa es justa precisamente porque supera cualquier cálculo partidario.
Huánuco no puede normalizar que sus adultos mayores tengan que marchar para ser escuchados. Una región que no honra a sus jubilados debilita su propia memoria institucional. La autoridad regional aún puede corregir el rumbo, pero debe hacerlo con hechos, no con reuniones que terminan sin respuesta.
La deuda social no se resuelve con discursos. Se resuelve con presupuesto, gestión y fechas. Y mientras esas respuestas no lleguen, Diario Ahora estará del lado de quienes exigen que el Estado cumpla.
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