El poder no decide qué puede preguntar la prensa

El gobernador de Huánuco, Antonio Pulgar, parece olvidar una regla elemental de la democracia: quien ejerce poder público está obligado a dar explicaciones. No decide cuándo responder, qué preguntas aceptar ni qué periodista merece ser escuchado. Mucho menos puede pretender que sus palabras sean recibidas como verdades incuestionables.

La prensa no está para rendir honores al poder. No está para repetir discursos oficiales, celebrar anuncios ni guardar silencio frente a decisiones improvisadas. Está para preguntar, contrastar, incomodar y exigir pruebas. Esa no es una concesión de la autoridad. Es una responsabilidad frente a los ciudadanos.

Cuando un gobernante se irrita ante una pregunta, descalifica al periodista o intenta presentar la fiscalización como un ataque personal, revela una preocupante confusión. El cargo público no otorga impunidad política ni inmunidad frente al escrutinio. Gobernar no es mandar sin límites. Gobernar es decidir bajo la ley y responder por cada decisión.

Y cuando las cosas se hacen al caballazo, sin suficiente sustento, con apuro o dejando la legalidad como un asunto secundario, la prensa tiene todavía más razones para intervenir. La improvisación no es una muestra de autoridad. Es una señal de debilidad institucional. Y si, además, se pretende silenciar las preguntas, la sospecha ciudadana deja de ser exageración y se convierte en una consecuencia natural.

Diario Ahora no acepta la idea de una prensa dócil, subordinada o complaciente. Tampoco acepta que una autoridad convierta el cuestionamiento en enemistad. Preguntar por documentos, procedimientos, plazos, responsables y consecuencias no es obstaculizar una gestión. Es vigilar el uso del poder.

El gobernador debe comprender que la transparencia no consiste en hablar mucho, convocar conferencias o publicar mensajes favorables. Transparencia es mostrar documentos. Es explicar por qué se tomó una decisión. Es reconocer errores cuando existen. Es aceptar que toda autoridad puede equivocarse y que ningún funcionario está por encima del control ciudadano.

La soberbia nunca reemplaza a los argumentos. El fastidio no sustituye a las respuestas. Y el cargo no convierte una versión oficial en verdad definitiva.

La ciudadanía no necesita gobernantes que se crean intocables. Necesita autoridades capaces de responder sin amenazas, sin gestos de superioridad y sin intentar desacreditar a quien pregunta. El poder público pertenece a los ciudadanos, no a quien ocupa temporalmente una oficina.

Por eso, Diario Ahora seguirá preguntando. Lo hará cuando las decisiones parezcan improvisadas, cuando existan dudas sobre su legalidad, cuando falten documentos y cuando las explicaciones no resulten suficientes. No pediremos permiso para fiscalizar ni adaptaremos nuestras preguntas al humor de ninguna autoridad.

El gobernador puede molestarse, responder o guardar silencio. Esa será su decisión. La nuestra está clara: no renunciaremos al deber de vigilar al poder. Porque una prensa que se arrodilla deja de ser prensa, y una autoridad que teme a las preguntas demuestra que el problema nunca estuvo en quien pregunta, sino en aquello que no quiere responder.