La suspensión temporal del desalojo de la sede de la Dirección Regional de Salud puede haber evitado una confrontación inmediata, pero no constituye una solución. Apenas compró tiempo. Y ese tiempo no puede convertirse en una excusa para que los actuales responsables de la Diresa y del Gobierno Regional de Huánuco esperen el final de sus mandatos y entreguen el problema, intacto, a quienes asumirán la administración regional.
Lo ocurrido alrededor del hospital Fausto Figueroa y del laboratorio regional expone una falla que supera la disputa por un inmueble. Está en juego la continuidad de servicios vinculados con la vigilancia epidemiológica, el procesamiento de muestras y la respuesta sanitaria de toda la región. No se trata, por tanto, de conservar oficinas, defender espacios administrativos o ganar una controversia entre instituciones. Se trata de proteger una capacidad pública que Huánuco necesita todos los días.
La alerta policial sobre los riesgos de un desalojo ejecutado sin protocolos, sumada a la decisión de los trabajadores de mantener una vigilia pacífica y permitir el ingreso del juez, evitó que la tensión escalara. Esa conducta responsable merece ser reconocida. Sin embargo, la calma momentánea no elimina la obligación de tomar decisiones. El expediente judicial seguirá su curso y la incertidumbre continuará mientras no exista una alternativa técnica, legal y operativa.
Diario Ahora considera que las autoridades actuales deben asumir el problema hasta sus últimas consecuencias. No resulta aceptable esperar a diciembre, confiar en un cambio político o calcular quién será el próximo gobernador para recién buscar una salida. La salud pública no puede depender del calendario electoral ni de la comodidad de una gestión que está por terminar.
La Diresa y el Gobierno Regional deben presentar una ruta concreta: qué ocurrirá con el inmueble, dónde funcionará el laboratorio si el desalojo se ejecuta, cuánto tiempo requerirá un eventual traslado, qué condiciones de bioseguridad serán necesarias y cómo se garantizará que las muestras, equipos y servicios no queden expuestos. Esa información debe ser pública, verificable y comprensible para la ciudadanía.
También corresponde explicar por qué se llegó a este punto. Una institución sanitaria no puede descubrir, cuando la orden judicial está cerca de ejecutarse, que carece de un plan de contingencia. Si durante meses o años se conoció la existencia del conflicto, la población merece saber qué acciones se tomaron, cuáles fracasaron y quiénes tenían la responsabilidad de anticipar el riesgo.
Dejar la “papa caliente” a la siguiente gestión sería una forma de renuncia política. Las autoridades no fueron elegidas para administrar problemas hasta que concluya su periodo, sino para resolverlos o, al menos, dejar encaminadas soluciones serias, financiadas y técnicamente sustentadas.
La decisión judicial puede definir el destino inmediato del local, pero no reemplaza la obligación administrativa de garantizar la continuidad sanitaria. El verdadero examen comienza ahora: saber si las autoridades usarán esta tregua para actuar o simplemente para ganar tiempo hasta diciembre. Huánuco no necesita otra postergación. Necesita una decisión.
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