La etapa de 0 a 3 años, una franja de edad sin voz propia y extremadamente vulnerable, sigue siendo la gran olvidada de la agenda política. Así lo plantean las portavoces de la asociación PETRA Maternidades Feministas, Alicia Pastor y Camarasa, María José Burgos González y Paula Aguilà, en un artículo de opinión que toma como punto de partida la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño.
El texto recuerda que el tratado se aprobó el 20 de noviembre de 1989, hace 37 años, y que fue ratificado por todos los países del mundo menos Estados Unidos. Las firmantes subrayan que, hasta hace muy poco, a los bebés ni siquiera se les consideraba personas dignas de derechos: incluso eran intervenidos sin anestesia porque se creía que no sentían dolor hasta bien entrados los años 80.
Los mil primeros días y la evidencia científica
Las autoras sostienen que, desde la aprobación de la Convención, la evidencia científica sobre las necesidades de la primera infancia ha evolucionado. Mencionan la importancia de los mil primeros días para la salud, el desarrollo y el bienestar futuro, los beneficios de la lactancia materna a corto, medio y largo plazo, y los efectos del estrés materno durante el embarazo, parto y posparto, tanto para la madre como para su bebé.
También aluden al impacto que causa la separación de la principal figura de apego, que suele ser la madre. Pese a ese conocimiento, afirman que la evidencia aún no se ha traducido en políticas públicas dignas y que cada día se vulneran derechos de la infancia temprana por falta de corresponsabilidad política.
Permisos laborales y discriminación
El artículo señala que el actual sistema de permisos por nacimiento y cuidado del menor vulnera un principio básico de la Convención: la no discriminación. Las portavoces reclaman permisos universales para que todas las madres puedan estar con sus bebés y cubrir sus necesidades, y advierten que esos derechos no deberían depender del tipo de contrato de trabajo de la madre, de si cría sola, de si está en desempleo, de si no cumple los requisitos de cotización, de si trabaja como autónoma o de si está en situación administrativa irregular.
Según el texto, los permisos relacionados con los cuidados están vinculados tanto a la cotización como a un contrato laboral. El permiso por cuidado del lactante, antes permiso de lactancia, es un permiso laboral a cargo de la empresa y no una prestación pública universal, lo que priva de ese tiempo de cuidado a las criaturas cuyos progenitores están en el paro, con trabajos precarios o en el régimen de autónomas.
Pobreza y familias monomarentales
Las firmantes aportan una cifra: en España, la mitad de las familias monomarentales están en riesgo de pobreza o exclusión social, y más del 80% de ellas están encabezadas por una mujer. Sostienen que la pequeña infancia, a pesar de necesitar más protección, es la que menos recibe, incluso con altas tasas de pobreza infantil por la carencia de prestaciones universales para la crianza, lo que a su juicio vulnera otro principio rector de la Convención: el interés superior del menor.
Además de la universalidad, exigen la ampliación y transferibilidad de los permisos por nacimiento. Argumentan que las madres cuidan gratis a base de excedencias sin remunerar y reducciones de jornada con pérdida salarial debido a la escasez de permisos amplios de mínimo un año, y recuerdan que no todas las familias pueden permitirse económicamente esas medidas.
Las demandas concretas
En el cierre, las portavoces piden un permiso preparto universal que cubra al menos el último trimestre de gestación y un permiso puerperal universal específico para las madres, previo a los actuales permisos por nacimiento y cuidado del menor, para que las madres se recuperen del embarazo, el parto, el posparto y la instauración de la lactancia materna.
"Una sociedad feminista debería poner los cuidados en el centro a través de políticas públicas adecuadas que no prioricen el mercado laboral por encima de la vida", escriben Pastor, Burgos y Aguilà.
Las autoras cierran su texto afirmando que las necesidades de la infancia son un derecho humano que debe garantizarse y que esperan que en la siguiente legislatura se tomen las medidas y presupuestos necesarios para asegurar el bienestar de los mil primeros días.








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