La asociación PETRA Maternidades Feministas reclamó al Estado español políticas públicas que pongan en el centro a la primera infancia, en una columna firmada por sus portavoces Alicia Pastor y Camarasa, María José Burgos González y Paula Aguilà. El texto se difunde al cumplirse 37 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989, tratado ratificado por todos los países del mundo excepto Estados Unidos.
Las autoras sostienen que la franja de 0 a 3 años es la gran olvidada de la agenda política: no tiene voz y, según recuerdan, hasta hace muy poco ni siquiera se consideraba a los bebés personas dignas de derechos. Como ejemplo señalan que eran intervenidos sin anestesia porque se creía que no sentían dolor hasta bien entrados los años 80.
Violencia obstétrica y falta de apoyo a la lactancia
En el caso español, las portavoces afirman que con demasiada frecuencia se ejerce violencia obstétrica en los nacimientos, se priva a los bebés del derecho a ser amamantados por falta de apoyo y se les separa de sus madres con una vuelta al empleo precoz. Frente a ello, subrayan que la evidencia científica sobre la primera infancia evolucionó desde la aprobación de la Convención: hoy se conoce la importancia de los mil primeros días para la salud, el desarrollo y el bienestar futuro, los beneficios de la lactancia materna a corto, medio y largo plazo, y los efectos del estrés materno durante el embarazo, parto y posparto.
“Amamante o no, un bebé necesita presencia: alguien que lo sostenga, alimente y calme”, escriben las portavoces.
El texto advierte además sobre el impacto que causa en el bebé la separación de su principal figura de apego, que suele ser la madre, y cuestiona que esa evidencia no se haya traducido en políticas públicas dignas.
Permisos atados al contrato laboral
El núcleo de la demanda es el sistema de permisos por nacimiento y cuidado del menor, que según la asociación vulnera el principio de no discriminación de la Convención. Las firmantes exigen permisos universales para que todas las madres puedan estar con sus bebés, sin que ese derecho dependa del tipo de contrato de trabajo, de si crían solas, de si están en desempleo, de si no cumplen los requisitos de cotización, de si trabajan como autónomas o de si se encuentran en situación administrativa irregular.
Según explican, los permisos relacionados con los cuidados están vinculados tanto a la cotización como a un contrato laboral. El permiso por cuidado del lactante —anterior permiso de lactancia— es un permiso laboral a cargo de la empresa y no una prestación pública universal, por lo que quedan privadas de ese tiempo esencial de cuidado las criaturas cuyos progenitores están en el paro, con trabajos precarios o sufren la desprotección del régimen de autónomas.
Familias monomarentales y riesgo de pobreza
Las portavoces aportan un dato central: en España, la mitad de las familias monomarentales están en riesgo de pobreza o exclusión social, y más del 80% de ellas están encabezadas por una mujer. La pequeña infancia, añaden, es la que menos protección recibe pese a necesitarla más, con altas tasas de pobreza infantil por la carencia de prestaciones universales para la crianza, lo que a su juicio vulnera el interés superior del menor.
Junto a la universalidad, PETRA exige la ampliación y transferibilidad de los permisos por nacimiento. Las madres, sostienen, cuidan gratis a base de excedencias sin remunerar y reducciones de jornada con pérdida salarial debido a la escasez de permisos amplios de mínimo un año. Aumentar la parte transferible de los permisos también es fundamental para dar respuesta a las diversas situaciones familiares, especialmente las más vulnerables.
Permiso preparto y puerperal
La asociación demanda además un permiso preparto universal que cubra al menos el último trimestre de gestación y un permiso puerperal universal específico para las madres, previo a los actuales permisos por nacimiento y cuidado del menor, para que puedan recuperarse del embarazo, el parto, el posparto y la instauración de la lactancia materna.
“Una sociedad feminista debería poner los cuidados en el centro a través de políticas públicas adecuadas que no prioricen el mercado laboral por encima de la vida”, afirman Pastor, Burgos y Aguilà.
Las firmantes cierran su texto con una exigencia a la próxima legislatura: que tome todas las medidas y presupuestos necesarios para garantizar el bienestar de los mil primeros días, porque las necesidades de la infancia son, a su juicio, un derecho humano que debe garantizarse.










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