Trabajadores del régimen CAS 1057 de diversas entidades públicas protestaron frente a la sede de Conecta MEF en Huánuco para rechazar que la compensación por tiempo de servicios y la gratificación sean reconocidas de manera gradual. Los manifestantes sostuvieron que estos beneficios ya forman parte de derechos adquiridos y pidieron que el Ministerio de Economía y Finanzas no limite su aplicación.
Hubert Castillo Grado, presidente de la CONFECAS Perú, afirmó que la protesta reunió a servidores CAS de instituciones como el Poder Judicial, el sector Salud, la UGEL, la Municipalidad Provincial de Huánuco y otras entidades públicas de la región. Según indicó, la demanda central es que el Gobierno reconozca la CTS y la gratificación sin aplicar porcentajes progresivos.
Uno de los reclamos más repetidos durante la manifestación fue que el MEF solo pretendería reconocer el 10% de la gratificación. Ese dato fue sostenido por los dirigentes durante la protesta y requiere contraste con la versión oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, así como con el texto normativo y el estado del debate en el Congreso.
El reclamo CAS llega a las calles.
Castillo Grado sostuvo que los trabajadores CAS no aceptarán una aplicación gradual porque consideran que se trata de derechos laborales adquiridos. También afirmó que el régimen CAS ya debe ser reconocido como un régimen laboral con beneficios completos, luego de años en los que sus servidores no habrían recibido gratificación ni CTS.
El dirigente señaló que son 350,000 trabajadores CAS en diferentes instituciones del Estado. Desde esa dimensión, presentó la protesta como parte de una plataforma nacional y no solo como un reclamo local. También indicó que la CONFECAS Perú impulsó la agenda denominada “CAS con derechos” y mencionó la Ley 32563 como parte del sustento de la demanda.
Durante la movilización, Castillo advirtió que, si no son escuchados, los trabajadores podrían asumir medidas más radicales, incluido un paro nacional. Según dijo, esa sería la forma de hacer visible ante el Congreso y el Ejecutivo que los servidores CAS no permitirán que sus derechos sean reducidos o postergados.
El dirigente también afirmó que han presentado una acción legal, incluida una medida cautelar ante el Poder Judicial, frente a lo que consideran abusos contra la clase trabajadora CAS. Esa afirmación debe ser verificada con el expediente judicial correspondiente, pero marca el paso del reclamo sindical a una estrategia legal.
Huánuco suma presión desde sus entidades.
La protesta también contó con la presencia de trabajadores CAS de la Municipalidad Provincial de Huánuco. Hugo San Martín indicó que en la comuna provincial existen más de 190 trabajadores bajo ese régimen y que ellos también se sumaron al reclamo por CTS y gratificación. Según manifestó, los servidores públicos deben ser tratados con igualdad frente a otros regímenes laborales y frente a los funcionarios.
Otra representante municipal sostuvo que los trabajadores CAS no se consideran “revoltosos”, sino servidores que trabajan para sus familias y aportan a la sociedad. Señaló que muchos profesionales que egresan de universidades encuentran en el sector público puestos bajo régimen CAS, por lo que la lucha actual también afectaría a futuros trabajadores.
La misma representante indicó que, en el caso de la Municipalidad de Huánuco, no están impulsando acciones para pasar a otro régimen laboral. Su demanda, según explicó, es mantenerse como CAS, pero con todos los beneficios que consideran que el Estado debe reconocerles. También llamó a otros trabajadores de Huánuco y del país a sumarse a la movilización.
El componente local le da peso a la protesta porque el régimen CAS no aparece como una categoría distante, sino como una realidad dentro de municipalidades, juzgados, centros de salud, UGEL y otras oficinas públicas que sostienen servicios cotidianos. Para los dirigentes, el reclamo no se limita al ingreso económico, sino a la igualdad de condiciones laborales dentro del Estado.
El conflicto queda ahora en manos de decisiones nacionales. Los trabajadores miran al MEF, al Congreso y al Poder Judicial, mientras las bases regionales evalúan nuevas medidas. Si el Gobierno no aclara el alcance del pago de CTS y gratificación, la protesta de Huánuco podría convertirse en parte de una presión mayor con impacto en varias entidades públicas del país.
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