Sentencian a personal de salud por muerte de menor atendido en Maraypata

La muerte de un menor que llegó con fiebre, vómitos y diarrea al puesto de salud de Maraypata terminó con una sentencia por homicidio culposo contra Mishelle Vera, personal de salud adscrita al Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud. La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ambo informó que acreditó su responsabilidad penal ante el Juzgado de Investigación Preparatoria. Según la información fiscal, Vera no estableció el grado de deshidratación del menor ni determinó adecuadamente si debía ser referido al centro de salud de Ambo. La Fiscalía también sostuvo que le recetó sulfametoxazol y trimetoprima de manera inadecuada. Horas después, el niño falleció a causa de un edema cerebral generado por una deshidratación severa. Los hechos ocurrieron el 27 de agosto de 2022. Tras el proceso, el juzgado impuso un año de pena privativa de libertad, suspendida por el mismo periodo, sujeta al cumplimiento de reglas de conducta. También ordenó el pago de S/ 20 mil por concepto de reparación civil. Atención rural bajo revisión El caso expone la importancia de la evaluación clínica inicial en establecimientos de primer nivel, especialmente en zonas rurales donde la referencia oportuna puede definir la evolución de un paciente. En este expediente, la Fiscalía sostuvo que la omisión en determinar el grado de deshidratación y la falta de referencia adecuada fueron elementos centrales para sustentar la responsabilidad penal. La investigación fue asumida por el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ambo. El equipo estuvo integrado por el fiscal provincial Marco Antonio Acuña Urquizo y las fiscales adjuntas provinciales Jhudith Sarvia Callupe Chávez y Gabriela Marleni Serrano Vega. La sentencia no solo deja una consecuencia penal individual. También abre una alerta institucional sobre la supervisión del personal de salud en puestos alejados, la capacitación para detectar signos de alarma y los protocolos de derivación hacia centros de mayor capacidad resolutiva. El punto pendiente será conocer si la sentencia quedará consentida, si se presentó algún recurso y qué medidas administrativas adoptará el sector salud para evitar que un caso similar se repita. La muerte del menor ya tiene una respuesta judicial inicial; la respuesta sanitaria todavía requiere seguimiento.