«Un año juntamos o dos años juntamos». Así midió Eloy Carbopoma Trujillo, presidente de la Comunidad Campesina de Puños, lo que costó reunir con la piscigranja de Sacacocha el dinero perdido en el asalto que la comunidad fecha el 11 de noviembre. Le puso cifra: «Ese dinero que se ha perdido, ochenta y cuatro mil».
Los comuneros llegaron el lunes hasta Llata y encararon en la Fiscalía al fiscal provincial a cargo de la investigación. Exigen prisión preventiva para el único detenido, un joven. «Señor fiscal, para su conocimiento, si usted no hace la justicia, el pueblo mismo va a tomar su justicia», le advirtió un vocero.
El ahorro de la piscigranja
Carbopoma contó a América Televisión que la piscigranja es la pequeña empresa de la comunidad y que el dinero se reunió «con tanto sacrificio». No estaba en un banco porque rotaba: con él se pagaba al personal y su comida, y se compraban los alevinos. «Si depositamos, ¿de dónde para agarrar?», preguntó. En la Fiscalía, un poblador fue directo: «La plata, nosotros queremos que diga dónde está».
Tres presuntos asaltantes, un detenido
Según el relato de los comuneros, el asalto ocurrió el 11 de noviembre a las 8:30 de la noche y en él habrían participado tres personas. Un vocero lo describió como un «robo agravado con uso ilegal de armas». Otro afirmó que esa noche dos menores habrían sido amenazados de muerte.
De los tres presuntos autores, solo uno está detenido. El segundo investigado es un adolescente que quedó en libertad, y del tercero no hay nombre. Una dirigente de la comunidad, que ya declaró en la investigación, habla de tres asaltantes pero no reconoce al último, según el fiscal.
El fiscal mostró su pedido
El fiscal respondió con un documento en la mano. Mostró el requerimiento de detención preliminar por siete días que presentó el viernes 13 contra el joven, y que el juez de investigación preparatoria declaró fundado al día siguiente. El detenido permanece en la comisaría. «En esos siete días tenemos que recabar más elementos de convicción», dijo, porque sin ellos el juez puede rechazar un pedido mayor.
Sobre el adolescente, explicó que ninguna norma permite pedir esos siete días para un menor y que el caso corresponde a la Fiscalía de Familia. «Cuando es menor de edad se tiene que dar libertad, pero la investigación continúa». Se le practicó una pericia cuyo resultado va a demorar y, si resulta responsable, «igual vamos a detenerlo».
Los voceros reclamaron nueve meses de prisión preventiva y la captura de los que faltan. «Tienen que mandar prisión preventiva para que no vuelva a suceder», insistió Carbopoma. Según él, los policías les habrían dicho que el detenido saldrá al cumplirse los siete días. En la Fiscalía, una persona que medió ante los comuneros lo descartó: «No lo va a soltar».
La prisión preventiva no depende de la firma del fiscal: la decide un juez en audiencia, y solo si el pedido llega con pruebas suficientes. Tampoco puede llevar al detenido ante la multitud, como le exigieron: tiene derecho a guardar silencio y a un defensor público. El fiscal trabaja con sus adjuntos y los lunes y martes tiene audiencias. «No tenemos cuatro brazos».
Un cruce de reproches
Un vocero llamó «inepto» al fiscal: a su juicio, un robo en flagrancia debió resolverse en 48 horas y la Fiscalía «no está haciendo su trabajo eficiente». También le atribuyó haber dicho a la dirigente que el robo habría sido un autorrobo.
El fiscal pidió que se lea la declaración de la dirigente, que «está conforme ella dice. No está ni más ni menos». A una mujer que insistía le soltó: «Si no sabes, no opines, señora». Y devolvió el insulto: «No me diga tampoco inepto, porque yo he presentado mi documento acá».
Contó que pidió la detención porque «me siento afectado en esto», pero no aceptó la presión de quienes, según dijo, llegaron con piedras: «¿Piensan que ustedes me van a atemorizar?». Añadió que «hay un responsable que tira una piedra ahí» y que el fiscal de prevención del delito verá a quién investigar. Un vocero ya lo había negado: «Aquí nadie ha venido a hacer violencia, solamente hemos venido a reclamar nuestros derechos».
Un reclamo para toda Huamalíes
Para el presidente comunal, el caso no es solo de su distrito, sino de toda la provincia de Huamalíes. Se quejó de que su pueblo está marginado y de que «ni alcalde de provincia nos puede apoyar». En campaña es distinto: «Ahí sí, nos busca a todos nosotros».
Carbopoma también habló de justicia propia: «Mejor no necesitamos policía. Nosotros mismos hacemos nuestro justicia». En la Fiscalía, el vocero que advirtió al fiscal le dijo que, si la comunidad lo hace, «no pisas a tierra de Puños». El fiscal les pidió venir pacíficamente y conversar «con documentos».
Lo que sigue: los siete días
En los siete días de detención deben hacerse la lectura de celulares y los exámenes que se envían a Huánuco, según la persona que medió ante los comuneros. Con esos resultados, la Fiscalía espera sustentar ante el juez «una medida más gravosa» contra el joven. El fiscal ofreció además que el presidente de la comunidad fotografíe la carpeta para que vea el trabajo hecho.
Los comuneros anunciaron que no se moverán de la puerta: «Vamos a empezar a cocinar y no te vamos a dejar salir». Un poblador resumió lo que está en juego: «La generación que viene, ¿qué ejemplo?».









Comentarios
Comparte tu opinión de manera respetuosa.
Inicia sesión para dejar un comentario.