La comunidad campesina de Tungra, en el anexo de Cochas Chico, distrito de Chinchao, vive horas de tensión de cara a la reunión conciliatoria fijada para este martes 17, a las dos de la tarde, entre el representante del consorcio eléctrico que ejecuta el tendido de alta tensión y las partes del conflicto. En el centro de la disputa hay pagos atrasados desde octubre, S/ 140,000 de la comunidad y un supuesto dueño que apareció “de la noche a la mañana”.
El detonante, según el comunero Víctor Conopuma Genebrozo, es la aparición de Joel Wilfredo Sisa Garay, natural de Puno y avecindado en la zona, quien asegura haber comprado un peñasco lindero justo cuando la empresa —a través del área de soluciones prediales— estaba por pagar a los posesionarios. “¿Cómo a última hora, cuando van a pagar, aparece un supuesto dueño? Acá hay una mano negra que está dando constancias de posesión a terceras personas que no son de la comunidad, para beneficiarse económicamente”, denunció.
El tendido, con inversión del Estado gestionada ante el Ministerio de Energía y Minas para un trazado que, según el denunciante, no se limita a Huánuco sino que atraviesa varias regiones del país, contaría con presupuesto suficiente para honrar los compromisos. Por eso la comunidad también gestionó un monto adicional: los S/ 140,000 abonados por servidumbre no alcanzarían para construir el reservorio acordado en asamblea.
El caso de la señora Honorata Lastra Romero ilustra el conflicto. Se trata de una adulta mayor de más de 75 años, iletrada, a quien hicieron firmar con su huella para instalar una torre en su terreno de San Pedro de Machay. Las negociaciones por esa servidumbre venían pendientes desde octubre —“dijeron que para quincena, después fin de mes, y así sucesivamente”— y ahora el presunto nuevo propietario complica el desembolso.
El tendido, con inversión del Estado gestionada ante el Ministerio de Energía y Minas, afectaría a unos veinte posesionarios, que negociaron pagos individuales de entre S/ 17,000 y S/ 20,000 por la instalación de cada torre. Aparte, el consorcio abonó a la comunidad S/ 140,000 por servidumbre. En asamblea se acordó destinarlos a un reservorio de agua, relató Conopuma, pero el presidente comunal, Fernando Lastra Romero —hermano menor de la propia Honorata—, habría decidido usarlos para abrir una carretera hacia los terrenos de la directiva. “La comunidad quiere agua para regar sus terrenos y sus sembríos. Eso es lo que está pidiendo”, insistió.
No es la única acusación contra el dirigente. Le reprochan cobrar por la “actualización” de las constancias de posesión de cada lote —“otra sacadera de plata”—, negarse a reconocer las constancias que entregó la anterior directiva y no rendir cuentas de los aportes que reciben las directivas por parte de minas y carreteras. Hay antecedentes de turbulencia institucional: libros de actas perdidos, peleas en asambleas que obligaron a trasladar patrulleros de la comisaría y hasta garantías personales para celebrar reuniones, episodios que enfrentaron a la anterior directiva con su entonces presidente, Custodio Sánchez, que no entregaba los libros ni el cargo.
Sobre Sisa Garay, el denunciante afirmó que tiene una denuncia en la fiscalía por contaminación ambiental vinculada a minería ilegal, y que la comunidad le exige al presidente presentar los documentos de la supuesta compra: quién le vendió y con qué título. “Hasta ahora no hay transparencia”, resumió.
Conopuma pidió, además, que las autoridades lleguen al terreno para verificar, predio por predio, quién vive y quién posee realmente cada lote, y que el presidente comunal deje de derivar los pedidos de información a su secretario. “Queremos que se sepa quién es el dueño, quién vive acá, cuáles son sus inquilinos”, planteó.
El comunero denunció, además, que contra la señora Honorata se habría iniciado un proceso de turbación de la posesión y que en ocasiones le cortan el agua de los puquiales. “Le están perturbando la posesión de sus otros terrenos”, dijo.
Si no hay acuerdo en la reunión del martes —a la que también fue convocado el propio Sisa Garay, según el denunciante—, advirtió Conopuma, cada comunero hará valer su derecho sobre su terreno. La comisaría local fue solicitada para brindar garantías, en coordinación con la prefectura, en memoria de los enfrentamientos de asambleas pasadas. Las torres aún no se instalan —los hitos del trazado ya fueron colocados— y la ejecución de las obras está prevista para mayo del próximo año. Este diario buscó la versión del presidente comunal Fernando Lastra Romero, pendiente hasta el cierre de esta edición.










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