Floresmilo Fretel Ramírez, propietario en Llicua (Amarilis) y exfuncionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, defendió la legalidad de su predio —una propiedad que data de 1942, inmatriculada en Registros Públicos en 2006 y con arbitrios e impuestos pagados— frente al anuncio de demolición por una supuesta invasión del derecho de vía de la carretera central, en el tramo hacia La Esperanza.
“Cuando las obras son para infraestructura, para el bienestar de la gente, nosotros, como privados, tenemos que ceder. Pero el requisito es que el Estado te tiene que indemnizar: eso es lo que se llama justiprecio”, sostuvo Fretel, que invocó el artículo 70 de la Constitución y propuso una medición conjunta con Provías y el Gobierno Regional. “Si ustedes constatan objetivamente que estoy invadiendo, me retiro. Pero no quieren optar por esa solución”, añadió, tras recordar que una nulidad de asiento registral presentada por su contradictor, Hugo Ruiz Abarca, fue archivada.
Sobre Abarca, Fretel cargó las tintas: aseguró que cobró S/ 500,000 al Gobierno Regional por su lote colindante con la quebrada Argorragra, cuando se construyeron los muros de contención, que la entidad le compró además un espacio de siete metros para abrir una calle y que, luego de cobrar, volvió a ocupar un área de entre 800 y 1,000 metros cuadrados. “Es un portón de catorce metros por el que cada día ingresan cuarenta, cincuenta carros de la empresa San Juan”, detalló.
El propietario advirtió que una demolición de propiedad privada “acarrea delitos: daños, usurpación, abuso”, denunció a la municipalidad de usar al ejecutor coactivo como “caballito de batalla” y anunció que ya tiene entablada una denuncia contra la comuna. “Me someto a las investigaciones fiscales y policiales; si mis documentos son fraguados, que me caiga todo el peso de la ley”, desafió.









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