El Gobierno Regional de Huánuco rechazó el pedido de la congresista Elizabeth Medina para que el gobernador Antonio Pulgar sea llevado de grado fuerza ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. La entidad regional informó que Pulgar no ha sido citado hasta la fecha por dicho grupo con facultades de investigación, por lo que consideró que la solicitud parlamentaria carece de sustento legal.
La respuesta se produjo luego de que Medina afirmara que el gobernador no habría acudido a dos citaciones y exigiera acelerar las investigaciones por presuntos actos de corrupción en obras regionales, compra de maquinaria, proyectos productivos y convenios vinculados a infraestructura vial. Según la congresista, la comisión obtuvo una ampliación de 30 días para cerrar sus indagaciones.
El gobierno regional marca distancia legal
Desde el área legal del Gobierno Regional se precisó que una conducción por grado o fuerza no depende de la decisión de un parlamentario, sino de un mandato judicial. La entidad sostuvo que el planteamiento de Medina evidencia desconocimiento de los procedimientos establecidos y del Reglamento del Congreso.
El gobierno regional también respondió al pedido de levantamiento de comunicaciones, reserva tributaria y secreto bancario. Según la entidad, esas medidas deben tramitarse por los canales legales correspondientes ante la Sunat y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, conforme a la normativa vigente.
La administración de Pulgar atribuyó además la solicitud de Medina a un interés político, tras los resultados adversos registrados en las urnas el 12 de abril. Con esa respuesta, el caso abre un nuevo frente entre la congresista y el gobernador, mientras la Comisión de Fiscalización mantiene pendiente definir si hubo citación formal, qué documentos sustentan sus pesquisas y qué pasos adoptará durante los 30 días adicionales aprobados por el Congreso.
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