El coordinador de Inspectores de Transporte de la Municipalidad Provincial de Huánuco, José Luis Albornoz, rechazó de manera categórica las acusaciones del gerente de la empresa de transportes La Merced N.° 2, Clever Crespo Picón, quien lo señaló de haber recibido una “bolsa” de dinero y presuntos pagos de “coimas”.
Albornoz calificó estas afirmaciones como una grave calumnia que busca dañar su honra y trayectoria profesional. Frente a ello, anunció que ha enviado una carta notarial a Crespo exigiendo una rectificación pública inmediata, advirtiendo que tomará las acciones legales correspondientes si no se corrigen dichas declaraciones. Asimismo, sostuvo que estas acusaciones responderían a una represalia por los operativos que su despacho viene ejecutando contra las “zonas de espera” en el jirón Huánuco.
A los medios de comunicación, el funcionario indicó que trabaja en la institución desde el 2020 y que, según su versión, es la primera vez que enfrenta este tipo de señalamientos de presunta “corrupción”.
Uno de los aspectos más sensibles del caso es la versión atribuida a Crespo, según la cual el funcionario habría recibido S/ 20,000. Incluso, el empresario habría asegurado que Albornoz acudía a su vivienda para exigirle dinero. Al respecto, el coordinador lo negó tajantemente y afirmó que no conoce el domicilio del gerente y recalcó que jamás solicitó ni recibió pago alguno.
Albornoz sostuvo que si el empresario mantiene su denuncia, debe probarla con evidencia. Caso contrario, advirtió que el proceso podría continuar por la vía legal por presunta difamación.
Origen del conflicto
Albornoz vinculó el conflicto con las fiscalizaciones que realizan los inspectores de transportes. Explicó que su labor consiste en intervenir paraderos, revisar documentos y controlar el orden del servicio, bajo el marco de ordenanzas municipales y coordinaciones con la Gerencia Municipal de Transportes de Huánuco.
En ese contexto, afirmó que la empresa La Merced tiene un paradero ubicado en el jirón Huánuco, cuadra 8, pero que sus unidades estarían realizando zona de espera en las cuadras 9 y 10, lo que —según dijo— genera congestión vehicular.
Indicó que, de acuerdo con las resoluciones y normas municipales, el paradero autorizado permitiría mantener solo dos vehículos dentro del espacio, y que la “zona de espera” fuera del paradero puede ser objeto de sanción.
Asimismo, respondió a otra acusación del gerente, donde alegó que él habría impuesto 15 papeletas o actos de fiscalización. Albornoz aseguró que, por su cargo de coordinador, no tiene facultad directa para infraccionar a transportistas y que los operativos se ejecutan en coordinación con sus jefes y la gerencia correspondiente.
Motivación política
En las declaraciones atribuidas a Crespo también se mencionaría la exigencia de alimentos o beneficios menores, como desayunos. Albornoz negó esas afirmaciones y reiteró que el empresario debe sustentar todo lo que ha dicho.
También se mencionó a un supuesto “capitán” relacionado con presuntos cobros, pero el funcionario afirmó que no conoce a esa persona.
Finalmente, Albornoz sugirió que el caso podría estar influenciado por el contexto electoral, al señalar que el propio empresario habría dicho que apoya a candidatos en campañas. Pese a ello, afirmó que continuarán las fiscalizaciones y pidió a transportistas respetar las reglas para evitar el desorden y el congestionamiento en la ciudad.







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