El gobernador regional Antonio Pulgar no estaría libre de una eventual denuncia penal por una obra ejecutada en 2017 por el Consorcio Tahuantinsuyo, según afirmó Hernán Cajusol Chepe, exdecano del Colegio de Abogados. El abogado sostuvo que la Procuraduría tiene la facultad de acudir al Ministerio Público si advierte indicios de delito y si los hechos aún no han prescrito.
Cajusol indicó que, de acuerdo con lo difundido por medios de comunicación, la obra presentaría graves deficiencias pese al tiempo transcurrido desde su ejecución. Según explicó, la investigación preliminar deberá establecer si esos problemas podían ser advertidos durante la elaboración del expediente técnico, la licitación, la adjudicación o la ejecución del proyecto.
El exdecano precisó que Pulgar aparece vinculado al caso porque, según la información conocida, habría sido representante legal de la empresa que ejecutó el proyecto. Cajusol remarcó que serán los peritos quienes deberán determinar si existieron fallas técnicas y si estas tienen connotación penal.
La investigación recién comienza
Cajusol señaló que la Procuraduría cumple el rol de defender los intereses del Estado y que, ante presuntas anomalías, puede formular denuncia ante el Ministerio Público. El abogado añadió que la Contraloría y los órganos de control también deben pronunciarse sobre la licitación, el expediente técnico y la comisión de adjudicación.
El exdecano advirtió que una obra no debería presentar fallas estructurales si los estudios previos de ingeniería fueron elaborados con rigurosidad. Según Cajusol, aprobar expedientes con deficiencias de suelo o sin estudios adecuados puede derivar en obras vulnerables, perjuicio económico para el Estado y riesgo para la población.
El abogado también sostuvo que el problema no sería exclusivo de Huánuco. Cajusol afirmó que en distintas regiones del país se observan expedientes técnicos elaborados sin la seriedad requerida, incluso con prácticas de “copia y pega” que no consideran las condiciones específicas del terreno donde se ejecuta cada proyecto.
Riesgo para el Estado y la ciudadanía
Cajusol manifestó que las deficiencias en infraestructura pública alimentan sospechas ciudadanas sobre posibles actos de corrupción, colusión o incapacidad profesional. Según indicó, el perjuicio no solo recae en el presupuesto público, sino también en los usuarios de las obras mal ejecutadas.
El exdecano puso como ejemplo la construcción de colegios, puentes y otras infraestructuras que requieren responsabilidad técnica porque comprometen la seguridad de las personas. “No se puede jugar no solo con el dinero del Estado, sino también con la vida”, señaló durante la entrevista.
El caso queda ahora sujeto a lo que determinen la Procuraduría, el Ministerio Público, la Contraloría y los peritajes técnicos. La pregunta central será si las fallas detectadas corresponden a infracciones administrativas, negligencia profesional o hechos con relevancia penal.
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