Es importante tener en cuenta, que en Paujil, Yuyapichis y en cualquier punto de Puerto Inca, el Estado no puede seguir llegando después del miedo. Cuando una familia agricultora denuncia amenazas, disparos, quema de viviendas, robo de pertenencias y presión sobre sus terrenos, ya no estamos frente a un simple conflicto rural. Estamos frente a una señal peligrosa de captura territorial por economías ilegales.
La minería ilegal no solo destruye ríos, bosques y suelos. También rompe comunidades, impone miedo y desplaza silenciosamente a quienes viven de la agricultura. Allí donde antes se sembraba cacao, plátano, yuca, arroz o maíz, hoy aparecen intereses oscuros que buscan controlar tierras, rutas y recursos naturales. Ese avance no ocurre por casualidad. Ocurre porque durante años el Estado miró tarde, intervino poco o permitió que la informalidad se convierta en poder.
Lo más grave es que este conflicto no solo parece estar vinculado a minería ilegal. También aparecen denuncias sobre tala, presuntos cobros, disputa de titulación y uso de supuestas comunidades o documentos para imponerse sobre familias que aseguran vivir y trabajar en la zona desde hace años. Si esto es así, las autoridades no pueden limitarse a recibir declaraciones y archivar papeles. Tienen que verificar, intervenir y proteger.
Diario Ahora considera que la tierra productiva debe estar del lado de quien la trabaja legalmente, no de quien la amenaza. Los agricultores no pueden ser obligados a vivir como intrusos en sus propios espacios, ni a pedir justicia como si fuera un favor. La seguridad, la propiedad, la formalización y la protección ambiental son obligaciones básicas del Estado.
Por eso, este caso exige una respuesta inmediata de la Fiscalía, la Policía, Agricultura, el Gobierno Regional, la Municipalidad y las entidades ambientales. No basta con operativos aislados ni promesas de escritorio. Se necesita presencia sostenida, revisión seria de documentos, garantías personales para los denunciantes, investigación sobre los presuntos responsables y control real de las actividades ilegales.
También corresponde mirar el fondo del problema: mientras la titulación rural siga siendo lenta, confusa o vulnerable a intereses particulares, la Amazonía huanuqueña seguirá expuesta a conflictos. Donde no hay claridad legal, entran los abusivos. Donde no hay autoridad, mandan los ilegales.
Paujil no debe convertirse en otro territorio abandonado. Puerto Inca no puede ser visto solo como una zona lejana donde los problemas se atienden cuando ya explotaron. Allí viven ciudadanos con derechos, familias que producen y comunidades que merecen vivir sin miedo.
La defensa de la agricultura también es defensa de la vida, del ambiente y de la legalidad. Si el Estado no protege hoy a quienes siembran, mañana tendrá que explicar por qué dejó avanzar a quienes destruyen.
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