La huelga indefinida de productores arroceros de Huánuco empezó este lunes 25 de mayo con el bloqueo de un tramo de la carretera Fernando Belaúnde Terry, entre Aucayacu y Tingo María. La Federación de Productores Arroceros de la región exige al Gobierno declarar en emergencia el sector, cerrar las fronteras al ingreso de arroz extranjero y realizar compras estatales directas al productor.
William Hernández Martínez, presidente del gremio regional, sostuvo que la medida fue acordada junto con Conarroz Perú y federaciones de otras regiones, luego de más de 25 reuniones en Lima sin resultados considerados suficientes por los agricultores. Según indicó, el Ejecutivo ofreció reforzar los controles con 20 operativos mensuales de la Sunat y Aduanas contra el contrabando, pero no respondió al pedido principal de emergencia agraria.
El dirigente señaló que Huánuco bordea las 15 mil hectáreas de arroz, de acuerdo con reportes de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Tingo María y productores de Honoria. Con un rendimiento promedio de 7 toneladas por hectárea, la región produciría alrededor de 105 mil toneladas por campaña, sin contar que varias zonas pueden sembrar dos veces al año por la disponibilidad de agua.
La brecha entre chacra y mercado
Hernández cuestionó que el Estado haya planteado compras públicas que, según dijo, no cubrirían “ni un décimo ni un octavo” de la producción regional. Para el gremio, esa propuesta no resolvería el problema de fondo: la caída del precio pagado al agricultor y la presión que atribuyen al ingreso de arroz extranjero, especialmente por contrabando.
El dirigente afirmó que los productores venden actualmente el kilo de arroz entre S/ 0.65 y S/ 0.70, mientras el consumidor final lo encuentra entre S/ 3 y S/ 5 en los mercados. Según Hernández, esa diferencia revela una cadena comercial desequilibrada, donde el agricultor recibe el menor margen pese a asumir los costos de siembra, cosecha y transporte.
El reclamo también apunta a la política de fronteras. Hernández indicó que, según datos expuestos por representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, el ingreso formal de arroz al país habría aumentado alrededor de 7% en 2026 frente a años anteriores. Sin embargo, precisó que la mayor preocupación del gremio no está en la importación registrada, sino en la mercadería que, según denuncian, entra ilegalmente desde países vecinos.
Los arroceros también cuestionan las barreras administrativas del programa Agromercado. Hernández sostuvo que requisitos como certificaciones HACCP y registros sanitarios terminan excluyendo a pequeños productores, porque muchos agricultores no cuentan con equipos técnicos para cumplir trámites que sí pueden asumir empresas o intermediarios organizados.
Una protesta con alcance nacional
En Aucayacu existen seis plantas privadas de descascarado y pilado de arroz, según precisó Hernández. Sin embargo, el dirigente señaló que la ausencia de plantas públicas o canales directos de comercialización mantiene a los agricultores dependientes de compradores privados, en un mercado donde los precios se definen lejos de la chacra.
El presidente de la federación negó, además, que el cultivo arrocero en la zona dependa de productos químicos altamente peligrosos. Según afirmó, los agricultores no utilizan insumos de “franja roja” y recurren a productos de menor toxicidad, porque el arroz que producen también es consumido por sus propias familias. La precisión busca responder a cuestionamientos sobre la inocuidad del producto local.
La paralización también involucra a productores de San Martín, Amazonas, Cajamarca, Piura, Tumbes, Lambayeque, Arequipa y Áncash, especialmente de Chimbote y el valle del Santa, según el presidente de la federación huanuqueña. En Huánuco, el bloqueo fue instalado cerca del puente Sangapría, a unos 500 metros en dirección hacia Tingo María.
La dirigencia arrocera advirtió que no levantará la huelga hasta recibir una respuesta formal y documentada del Ejecutivo. La presión se concentra ahora en si el Gobierno enviará una comisión de alto nivel a la zona o insistirá en una negociación desde Lima, mientras el bloqueo de la Fernando Belaúnde convierte el reclamo agrario en un conflicto vial, económico y político para la selva central.
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