La alcaldesa de San Pablo de Pillao, Delia Verde Ponce, exigió al Poder Judicial acelerar una definición sobre el conflicto territorial que enfrenta desde hace años a la comunidad campesina de Pillao con personas a quienes los comuneros señalan como ocupantes de terrenos comunales.
El pedido cobró nueva urgencia después de un enfrentamiento registrado a fines de agosto en la zona de Gaiche, que dejó varios heridos y volvió a elevar el temor entre los pobladores.
Verde sostuvo que existe una decisión judicial que la comunidad considera favorable, pero que fue apelada, y afirmó que ahora esperan una audiencia prevista para octubre.
“No está en mis manos hacer justicia, pero sí del Poder Judicial”, señaló la alcaldesa, quien pidió que el proceso concluya y que se determine definitivamente la situación de los terrenos en disputa.
Un conflicto que la Defensoría registra desde 2023
El problema no es reciente.
La Defensoría del Pueblo incorporó en diciembre de 2023 el caso de Pillao como un conflicto comunal, luego de que la comunidad denunciara que pobladores de Chinchao estarían ocupando terrenos comunales y realizando tala de bosques y tráfico de tierras.
Incluso antes de que el caso ingresara formalmente al registro nacional de conflictos, la Defensoría participó en agosto de 2023 en una reunión convocada para evitar enfrentamientos. En aquella oportunidad se acordó que la Policía y el Ministerio Público realizarían constataciones y se pidió a los comuneros evitar cualquier acción de fuerza o justicia por mano propia.
La controversia no fue resuelta y la comunidad ha mantenido durante los últimos años su reclamo sobre la titularidad y posesión de los terrenos.
Último choque dejó siete heridos, tres por perdigones
El episodio más reciente ocurrió el 28 de agosto en el sector Puerto Rico, ubicado entre Nueva Libertad y Gaiche, jurisdicción de San Pablo de Pillao.
Información difundida posteriormente sobre la intervención policial dio cuenta de siete personas heridas, tres de ellas con lesiones provocadas por perdigones de escopeta. El caso fue reportado inicialmente a la comisaría de Acomayo y posteriormente pasó al Departamento de Investigación Criminal de Huánuco.
Según esos reportes, el enfrentamiento comenzó cuando un grupo de pobladores realizaba trabajos en predios cuya posesión se encuentra en disputa. Durante la confrontación se utilizaron herramientas y se habría empleado al menos un arma de fuego.
Delia Verde sostuvo que los comuneros habían salido a realizar una faena cuando fueron atacados y afirmó que el conflicto se está acercando a zonas pobladas de Gaiche.
Esa es la versión de la alcaldesa y de los pobladores con quienes dijo haberse entrevistado. La responsabilidad individual por las agresiones deberá ser determinada por la Policía, el Ministerio Público y las demás autoridades competentes.
Alcaldesa afirma que más de 80 familias perdieron acceso a sus terrenos
Verde aseguró que el conflicto habría dejado a más de 80 familias sin acceso a predios que consideran propios y sostuvo que algunas se encuentran viviendo temporalmente con familiares o vecinos.
También afirmó que las ocupaciones habrían avanzado hacia sectores próximos al centro poblado de Gaiche y denunció amenazas contra dirigentes comunales.
Estas afirmaciones corresponden a la versión de la alcaldesa y deberán ser determinadas dentro de los procesos administrativos, fiscales y judiciales en curso.
La autoridad local insistió, sin embargo, en que la prolongación de la controversia está incrementando la tensión.
“¿Vamos a seguir esperando que haya más agresiones?”, cuestionó.
Verde señaló que los propios pobladores le exigen intervenir, pero recordó que una decisión sobre propiedad, posesión o eventual desalojo no corresponde a la Municipalidad Distrital.
La audiencia de octubre concentra ahora la expectativa
Para la alcaldesa, el siguiente momento decisivo será la audiencia que, según informó, se realizará en octubre después de la apelación presentada contra una decisión anterior.
Verde pidió que esa instancia permita cerrar un proceso que la comunidad arrastra desde hace varios años.
La exigencia al Poder Judicial formó parte de la movilización acordada por los comuneros para el 3 de septiembre. Los pobladores reclaman que una resolución definitiva reduzca la incertidumbre territorial y evite que la controversia vuelva a trasladarse al terreno mediante nuevos enfrentamientos.
Después de la violencia registrada a fines de agosto, el conflicto ya no se limita a documentos, límites o posesión de tierras. El riesgo inmediato es que la falta de una salida institucional vuelva a traducirse en violencia entre pobladores, precisamente el escenario que la Defensoría del Pueblo buscó prevenir desde los primeros momentos del conflicto.
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