Las exportaciones de oro ilegal en el Perú cerraron el 2025 con una cifra récord de US$ 11,500 millones, un incremento del 55% respecto al año anterior que evidencia el desborde de esta economía criminal. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), el avance de esta actividad no solo cuadruplica el lavado de activos, sino que ya paraliza inversiones mineras formales valorizadas en más de US$ 12,000 millones.
De acuerdo con el informe del IPE, el valor de los envíos ilícitos detectados el año pasado es 6.5 veces mayor al registrado hace una década. Este crecimiento exponencial responde a la cotización internacional del oro, que superó los US$ 4,500 por onza, y a la limitada capacidad de respuesta de las instituciones del Estado para contener la expansión territorial de las mafias extractivas.
La presión de la minería ilegal también se refleja en el sistema judicial. Las denuncias penales ante el Ministerio Público pasaron de 1,266 en 2021 a 2,601 en 2025, con focos críticos en regiones como La Libertad, donde los casos se triplicaron, y Cajamarca, donde las denuncias crecieron un 680%. En Madre de Dios, la fiscalía registra 427 expedientes abiertos vinculados a este delito.
Impacto en la inversión y el sistema financiero
La expansión de esta economía ilícita ha deteriorado la competitividad del país. Según el Instituto Fraser, Perú cayó del percentil 83 al 40 en el ranking de jurisdicciones atractivas para la minería. El informe del IPE advierte que proyectos estratégicos como Conga y Michiquillay en Cajamarca, además de Los Chancas y Haquira en Apurímac, enfrentan dificultades operativas por la presencia de actividades ilegales en sus zonas de influencia.
En el ámbito financiero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó un incremento crítico en el flujo de capitales sospechosos. Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) vinculados a la minería ilegal alcanzaron los US$ 6,036 millones en 2025, una cifra que cuadruplica lo reportado apenas un año antes y que multiplica por ocho los valores registrados en 2016.
La convergencia criminal agrava el escenario en enclaves como Pataz y Tambopata, donde el IPE señala que la minería ilegal convive con el narcotráfico. Esta simbiosis delictiva no solo eleva los niveles de violencia, sino que dificulta las acciones de fiscalización al crear zonas de control territorial donde el Estado ha perdido capacidad de intervención efectiva.
Fragilidad institucional y conflicto social
Queda pendiente observar si el próximo Ejecutivo logrará articular una estrategia de seguridad que recupere los territorios tomados por la minería ilegal o si el país continuará perdiendo terreno en la cartera formal de inversiones. El plazo decisivo estará marcado por la capacidad de los organismos electorales para cerrar las brechas de legitimidad y por la implementación de controles financieros más estrictos sobre el mercado del oro.
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