La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Huánuco oficializó la habilitación de 177 locales para la segunda vuelta del 7 de junio, bajo un escenario de alta tensión vecinal. La decisión de trasladar 17 mesas de sufragio a la institución educativa Héroes de Jactay expone a miles de electores a un sector con accesos colapsados y protestas activas contra el Gobierno Regional.
Vidal Montes, jefe de la ODPE Huánuco, confirmó que la región contará con un local de votación menos que en la primera vuelta electoral debido al cierre operativo del Instituto Superior Pedagógico Sabio Nacional Antonio de Mayolo. Este imprevisto obligó al organismo a reubicar las mesas de dicho instituto hacia el plantel de Jactay, bajo la supervisión directa del Jurado Electoral Especial.
Sin embargo, el entorno urbano de este nuevo centro de votación se encuentra físicamente intransitable y bajo el control de protestas vecinales. De acuerdo con testimonios y reportes técnicos de la población sistematizados en el archivo conocimiento.docx, un consorcio de 24 comités mantiene cercada la sede del Gobierno Regional de Huánuco (Gorehco) en reclamo por la paralización del anillo vial Jactay-Cruz Verde.
Un acceso electoral bajo escombros y zanjas abiertas
Los vecinos del sector denuncian que la contratista rompió el pavimento y abandonó la zona de trabajo, dejando buzones sin tapa, montículos de tierra y zanjas expuestas que impiden el tránsito peatonal. El colapso de la red de agua y desagüe en el área obstaculiza incluso el ingreso de vehículos de emergencia y camiones de basura, dificultando el tránsito de estudiantes y votantes.
Ante el bloqueo vecinal que impidió el ingreso de personal a la sede administrativa regional, la Oficina de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales de Gorehco abrió una mesa de diálogo directo. La entidad regional se comprometió a acelerar las coordinaciones de saneamiento con la prestadora Seda Huánuco para viabilizar la reanudación de las obras físicas el próximo 13 de mayo.
El reclamo de las juntas vecinales apunta a una presunta negligencia en la aprobación del expediente técnico del proyecto vial, el cual habría avanzado sin contar con la factibilidad técnica del servicio de agua. Esta deficiencia de la gestión pública no solo retrasa una obra de conectividad vial indispensable, sino que compromete la accesibilidad y la seguridad de los ciudadanos convocados a las urnas.
Con el cronograma electoral en marcha y el 7 de junio como fecha definitiva, la viabilidad del sufragio en este sector dependerá del cumplimiento de los compromisos de reanudación vial fijados para mayo. Corresponde ahora a los organismos fiscalizadores y a la Defensoría del Pueblo evaluar si la zona ofrece las condiciones mínimas de seguridad para evitar que el descontento social debilite la participación democrática.
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