Un grupo de presuntos mineros ilegales atacó el Centro Poblado de Paujil, en el distrito de Yuyapichis, incendiando viviendas y desplazando mediante disparos a familias de agricultores. El asalto, denunciado este miércoles, busca el control de 120 hectáreas de cultivos para actividades extractivas, en una zona donde la inseguridad escala ante la falta de presencia estatal.
Pascual Aróstegui Llanos, agricultor afectado por el ataque, relató que entre ocho y nueve sujetos armados irrumpieron en su predio realizando disparos mientras trabajaba en su vivienda. Según su testimonio, el grupo utilizó la violencia para obligar a los residentes a abandonar sus parcelas, dejando mensajes intimidatorios escritos tras reducir a cenizas al menos tres inmuebles de la comunidad.
La pobladora Nilsa Lino Abad denunció que, además de los incendios, los atacantes sustrajeron víveres, herramientas y objetos personales, dejando a las familias en una situación de extrema vulnerabilidad. Lino precisó que las amenazas se intensificaron en los últimos meses, provocando un impacto emocional severo en los menores de edad y el abandono de las actividades escolares.
Estrategia de despojo territorial
El objetivo de la incursión sería la apropiación de aproximadamente 120 hectáreas destinadas actualmente al cultivo de plátano, cacao, yuca y maíz. Los residentes advirtieron que los invasores ya operan maquinaria pesada dentro de las tierras agrícolas, consolidando un avance territorial que amenaza la base productiva y el sustento económico de las familias locales.
Wellington Ventura, abogado del Centro Poblado de Paujil, sostuvo que el ataque contra Aróstegui forma parte de un "modus operandi" de despojos violentos para expandir la minería ilegal en Puerto Inca. El letrado señaló que los agresores habrían ingresado a las parcelas para generar daños irreparables en las herramientas de trabajo y viviendas, forzando el desplazamiento de los comuneros.
El caso es investigado actualmente por el Ministerio Público bajo la carpeta fiscal 231-2025, en un contexto de creciente presión sobre las comunidades rurales de la provincia. La defensa legal de los agricultores ha solicitado garantías inmediatas, subrayando que la demora en la intervención institucional facilita el avance de estas organizaciones sobre terrenos de propiedad privada y comunal.
Queda pendiente determinar si la Fiscalía de Puerto Inca logrará identificar a los responsables materiales del incendio y el asalto antes de que el control territorial de los mineros sea irreversible. La tensión en Paujil se mantiene alta, mientras las familias desplazadas aguardan una respuesta del Estado que garantice el retorno seguro a sus zonas de cultivo.
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