Los agricultores del centro poblado de Paujil, en el distrito de Yuyapichis (Puerto Inca), denunciaron la quema de sus viviendas, disparos continuos y amenazas de muerte por parte de mineros ilegales. Las agresiones buscan forzar el desalojo de más de mil hectáreas de cultivos lícitos auspiciados por el Estado para expandir la extracción de oro.
Los posesionarios locales señalaron directamente a los hermanos Hélder, Roberto y Felipe Flores Yauri de dirigir las incursiones armadas y amedrentamientos. Según los testimonios, los acusados buscan apropiarse de las parcelas agrarias bajo el argumento de que la zona es un área forestal, utilizando para ello una supuesta comunidad que carece de personería jurídica.
Esta disputa colisiona con el proceso de formalización que los agricultores sostienen desde 2004 con el Ministerio de Agricultura, el cual les otorgó resoluciones y títulos de propiedad. El sector cuenta además con una escuela primaria, un puesto de salud e infraestructura pública instalada desde hace más de dos décadas en este punto de Puerto Inca.
Impacto en la economía lícita
Vargas Cristián, agricultor de Paujil dedicado al cultivo de cacao, maíz y plátano, manifestó que la constante hostilidad y las detonaciones impiden trabajar sus campos con normalidad. El productor precisó que la inseguridad frena las proyecciones de ganadería intensiva y el avance de la infraestructura vial necesaria para trasladar sus cosechas.
Por su parte, otra de las agricultoras afectadas detalló que las incursiones armadas suelen ir precedidas del robo sistemático de pertenencias familiares y herramientas de trabajo. La damnificada denunció que el asalto concluye con la quema de sus viviendas rústicas, una medida de fuerza para forzar el abandono definitivo de sus parcelas agrícolas.
La inestabilidad en Paujil impacta de forma directa sobre los programas de sustitución de cultivos ilícitos que la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) financia en la zona. Los agricultores advierten que la desprotección estatal neutraliza los esfuerzos públicos por consolidar economías lícitas basadas en el cultivo de cacao.
Tensión por la seguridad territorial
Los denunciantes sostienen que la supuesta comunidad armada actúa motivada por intereses de explotación aurífera y tala ilegal de madera en áreas no autorizadas de la provincia. Asimismo, cuestionaron el presunto aval de sectores administrativos que estarían facilitando trámites de titulación sobrepuestos a propiedades agrícolas privadas y públicas debidamente registradas.
El restablecimiento de la seguridad en Yuyapichis dependerá ahora de las medidas de protección y fiscalización que adopte la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional frente a las denuncias de usurpación. La respuesta institucional definirá si el Estado logra salvaguardar su propia inversión en desarrollo agrario o si el territorio cede ante el avance de las redes de minería ilegal.
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