El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) activó una jornada de sensibilización en la provincia de Leoncio Prado para intentar canalizar la creciente resistencia social contra el proyecto minero Valiente. En un escenario de tensión latente, autoridades nacionales y locales expusieron mecanismos de denuncia ambiental ante una población que reivindica su vocación económica exclusivamente agrícola.
La intervención, de carácter preventivo, reunió a especialistas de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Energía y Minas. El objetivo institucional fue instruir a los líderes de los distritos de Hermilio Valdizán y Daniel Alomía Robles sobre el Sistema Nacional de Denuncias Ambientales (SINADA), en un intento por formalizar las quejas ciudadanas mediante canales técnicos y legales.
El foco del conflicto es el proyecto Valiente, operado por Hannan Resources Perú, que inició sus trámites de concesión en 2019 y actualmente se encuentra en etapa de exploración. La presencia estatal busca anticiparse a posibles desbordes sociales en una zona donde la actividad extractiva es percibida como una amenaza directa a la seguridad hídrica y a la biodiversidad de la Cordillera Azul.
Un modelo de desarrollo en disputa
Juana Japa Gonzales, presidenta del Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la provincia de Leoncio Prado, sostuvo que la postura de las comunidades es de un rechazo firme. La dirigente argumentó que el modelo de desarrollo local se basa en la agricultura de cuencas, una actividad que, según su análisis, resulta técnica y socialmente incompatible con la minería.
La preocupación de los agricultores no es aislada ni reciente. En octubre del año pasado, el OEFA realizó una supervisión de campo tras una denuncia canalizada por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA). Este antecedente ha reforzado la desconfianza de los pobladores, quienes exigen que las autoridades regionales evalúen mecanismos legales para proteger el territorio frente al avance de las concesiones.
Durante el taller, los representantes del Estado subrayaron que el SINADA permite reportar impactos ambientales de forma anónima, facilitando el uso de evidencias como videos y fotografías. Sin embargo, para los dirigentes locales, la solución no reside únicamente en la fiscalización de daños, sino en la consulta previa y el respeto a la zonificación económica de la provincia.
Fiscalización ante la desconfianza ciudadana
El reto para el Gobierno Regional de Huánuco y la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) es gestionar una demanda ciudadana que ya no solo pide información, sino la paralización del proyecto. El OEFA precisó que las etapas de supervisión y fiscalización pueden derivar en sanciones o medidas correctivas, aunque admitió que ciertos procesos mantienen carácter reservado mientras están en curso.
La jornada en Leoncio Prado revela una brecha profunda entre la estrategia de mitigación de conflictos del Estado y las expectativas de las comunidades rurales. Mientras las instituciones proponen herramientas digitales y normativas para vigilar el impacto minero, los sectores agrícolas exigen garantías de que sus fuentes de agua y suelos no serán alterados por la exploración.
El futuro del proyecto Valiente dependerá ahora de la capacidad de las instituciones para transformar el rechazo social en un diálogo técnico vinculante. La pregunta que queda pendiente para el Ejecutivo es si los mecanismos de fiscalización ambiental serán suficientes para convencer a una provincia que ha decidido priorizar su identidad agrícola sobre la inversión extractiva.
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