JEE DE HUÁNUCO, PRESIDIDO POR JORGE LUIS CARRILLO RODRÍGUEZ, REAFIRMA RESPETO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y RECHAZA AMENAZAS, HOSTIGAMIENTO Y DESINFORMACIÓN EN REDES SOCIALES

El Jurado Electoral Especial reafirma su absoluto respeto a la libertad de expresión, opinión, información y crítica, derechos fundamentales indispensables en una sociedad democrática y especialmente relevantes durante un proceso electoral. Los candidatos, organizaciones políticas, medios de comunicación y ciudadanos tienen plena legitimidad para expresar su conformidad o discrepancia con las decisiones adoptadas por los órganos electorales, utilizando para ello los mecanismos legales previstos por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, la discrepancia con una decisión jurisdiccional electoral no justifica la amenaza, el hostigamiento, la difusión deliberada de información falsa ni la atribución de hechos delictivos sin sustento contra los integrantes del Jurado Electoral Especial o contra los servidores que cumplen funciones en esta institución. En los últimos tiempos, las redes sociales han adquirido una importancia fundamental para el debate público. No obstante, su utilización mediante cuentas falsas, perfiles anónimos o identidades simuladas no convierte estos espacios en ámbitos ajenos al ordenamiento jurídico. Dependiendo de las circunstancias concretas, las conductas realizadas por estos medios pueden generar las responsabilidades previstas por la legislación vigente. Resulta particularmente grave que candidatos, simpatizantes o terceras personas pretendan desacreditar las decisiones de la justicia electoral mediante la difusión de contenidos falsos o tendenciosos, atribuyendo a los magistrados o funcionarios actuaciones ilícitas, intereses políticos o hechos deshonrosos sin elementos objetivos que los sustenten. Debe recordarse que el Código Penal peruano contempla los delitos contra el honor, entre ellos la injuria, la calumnia y la difamación. En particular, cuando una imputación o afirmación difamatoria se realiza mediante medios de comunicación social, pueden resultar aplicables las consecuencias establecidas por la legislación penal, siempre que concurran los elementos del tipo penal correspondiente. Del mismo modo, las amenazas, coacciones, suplantaciones u otras conductas ilícitas realizadas a través de medios digitales pueden originar responsabilidad conforme a su naturaleza y gravedad. La responsabilidad no puede establecerse automáticamente por el solo hecho de publicar una crítica en una red social. Cada conducta deberá ser evaluada individualmente, respetando el debido proceso, la libertad de expresión, la presunción de inocencia y las competencias de las autoridades correspondientes. Asimismo, la utilización de información manipulada o deliberadamente falsa durante un proceso electoral puede afectar no solamente la honra de las personas involucradas, sino también la confianza ciudadana en las instituciones electorales, la integridad del proceso electoral y el derecho de los ciudadanos a recibir información verazmente contextualizada para formar libremente su opinión. El Jurado Electoral Especial recuerda que sus decisiones son adoptadas dentro de las competencias establecidas por la Constitución, la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones y las demás normas electorales aplicables. Cuando una organización política o candidato discrepa de una resolución, el sistema electoral establece recursos y mecanismos jurídicos para cuestionarla ante las instancias competentes. Por ello, frente a cualquier decisión del órgano electoral, el camino democrático es la argumentación jurídica y la utilización de los recursos previstos por ley, no la intimidación, el agravio personal ni la difusión de falsedades.