La demanda de declarar en emergencia el sector arrocero de Huánuco y comprometer fondos públicos para la compra directa de excedentes carece de sustento jurídico, según advierten analistas del sector agrario. Los especialistas señalan limitaciones presupuestales críticas, la falta de competencias de los gobiernos regionales para intervenir mercados y las restricciones de los acuerdos de libre comercio.
Un especialista técnico con amplia trayectoria en la administración agraria local, quien solicitó mantener su identidad en reserva por temor a represalias y por no contar con autorización institucional para declarar, precisó que Huánuco no tiene priorizada la cadena del arroz. Detalló que la superficie cultivada real en la región no supera las 10,000 hectáreas, cifra que desmiente las 15,000 reportadas por la dirigencia del paro.
El analista advirtió que intervenir el mercado para frenar importaciones o fijar precios es jurídicamente inviable debido al Tratado de Libre Comercio con Uruguay, vigente desde 2007. Explicó que el grano extranjero ingresa legalmente con mejor calidad y menor precio, lo que deja a los productores locales expuestos a las reglas de la competencia global y a una progresiva reducción del consumo familiar de arroz.
El precedente de la papa y el riesgo penal
Esta tensión evoca el conflicto agrario de diciembre de 2020, cuando productores de papa liderados por Edwin Miranda presionaron al entonces gobernador regional Juan Alvarado Cornelio para comprometer fondos de la región. Aquel intento de compra directa, empujado bajo la coacción de bloqueos, carecía de competencias legales y derivó en severos cuestionamientos por presunta malversación de recursos contra la exautoridad.
De acuerdo con el marco legal vigente, los gobiernos regionales carecen de facultades para destinar recursos ordinarios a la adquisición de excedentes agrícolas sin un decreto de urgencia expedido por el Ejecutivo. "Le hicieron pisar el palito al gobernador Alvarado y eso trajo consecuencias de nunca acabar", recordó el especialista bajo anonimato, advirtiendo que repetir dicho esquema constituiría una grave infracción penal.
La única alternativa legal para canalizar compras estatales directas es el programa Compragro; sin embargo, su ejecución en la región sigue siendo mínima. Mientras la atención de la agenda pública regional se dispersa en atender deficiencias críticas de servicios básicos provinciales, como las quejas por la precaria atención médica en Dos de Mayo, el estancamiento agrario persiste ante la debilidad asociativa de los productores locales.
Impacto ecológico y desgaste político
Al margen del entrampamiento presupuestario, el especialista alertó sobre el severo impacto ambiental que genera el cultivo de arroz en las cuencas de Aucayacu y Tingo María. El análisis técnico advierte que se trata de un monocultivo altamente nocivo para la selva huanuqueña, responsable de la degradación acelerada de los suelos, la contaminación de fuentes hídricas por agroquímicos y la deforestación.
Con la huelga indefinida en curso, queda pendiente observar si el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego abrirá un espacio de diálogo centrado en la reconversión de cultivos o si la dirigencia arrocera mantendrá el bloqueo de vías en exigencia de medidas legalmente inviables. El desenlace medirá la capacidad del Estado para sostener la disciplina fiscal frente a la presión social en las carreteras.
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