La viabilidad ambiental del proyecto de inversión en la Alameda de República se ha convertido en el punto más crítico y vulnerable de los cuestionamientos hacia el Gobierno Regional de Huánuco. A pocos días del ingreso programado de maquinarias, las organizaciones civiles y los colegios profesionales continúan sin acceso a los documentos oficiales sobre mitigación ecológica y preservación urbana.
El núcleo de la controversia radica en la prolongada opacidad administrativa de la entidad ejecutora respecto a la protección obligatoria de las áreas verdes y el ecosistema local. El decano del Colegio de Abogados, Handhy Cruz Jaramillo, aseguró que la población y sus instituciones desconocen por completo cuál será el impacto real de los trabajos de remoción de tierras y modificación topográfica.
La inexistencia pública de un estudio de impacto ambiental debidamente aprobado impide prever el nivel de daño o alteración que sufrirá la flora histórica de la zona céntrica. Según precisó el abogado durante su pronunciamiento, esta incertidumbre es el principal factor que motivó a los gremios profesionales a calificar el proyecto como una intervención improvisada y carente de sustento técnico.
Riesgo por ejecución acelerada
La presión política por cumplir con el cronograma oficial, que establece de manera inamovible el 15 de julio como fecha de inicio de obra, agrava las preocupaciones sobre el cuidado del entorno. Avanzar con intervenciones físicas, talas o perforaciones sin certificar los componentes ambientales coloca a la gestión departamental en un escenario de potencial y severa infracción a las normativas ecológicas vigentes.
La ausencia de reglas claras de preservación condena a los vecinos residentes y transeúntes a enfrentar un proyecto cuyos alcances perjudiciales a largo plazo siguen siendo un total misterio. El desconocimiento generalizado sobre la magnitud arquitectónica y la mitigación de ruidos y polvo deslegitima el intento del gobierno regional por iniciar un despliegue operativo en el corto plazo.
La entidad regional deberá hacer público y exponer el estudio ambiental integral de manera inmediata si busca recuperar la confianza institucional y ciudadana perdida. El nivel de respuesta técnica, documentada y clara que ofrezca el gobierno definirá si el actual conflicto urbano escala hacia nuevas medidas de protesta por parte de la comunidad organizada.
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