Lo encontraron colgado con sábanas y con los labios cosidos, dentro de una celda de aislamiento del penal de Cochamarca, en Pasco. J. A. V. S., de 31 años, habría sido trasladado a esa zona por presuntas amenazas contra su integridad, según la información preliminar. Fue hallado sin vida la mañana del 19 de setiembre y la Policía investiga su muerte como un presunto homicidio.
El comandante PNP Franco Linares, jefe encargado de la unidad especializada de la Divincri Pasco, explicó que esas condiciones llevaron a tratar el caso como homicidio. La reconstrucción preliminar plantea una secuencia: primero lo habrían ahorcado, luego le habrían cosido la boca y al final lo habrían colgado en la celda. Quién lo hizo y cómo sigue en investigación.
Era natural de Lima-Callao y llevaba cerca de cinco años recluido en Cochamarca. Hasta ahora, dijo Linares, no hay sospechosos ni responsables identificados. El caso también habría sido puesto en conocimiento de la Fiscalía de Derechos Humanos.
Muerte en un penal bajo emergencia
El 5 de setiembre, Pasco Libre informó que Cochamarca fue incluido, mediante el Decreto Supremo 128-2026-PCM, entre los cinco penales declarados en emergencia por 60 días. Según ese reporte, mientras dure la medida la Policía controla el orden interno, el INPE conserva la administración y la custodia, y las Fuerzas Armadas apoyan en el perímetro. La misma norma, añade, prohíbe que las restricciones vulneren la vida o la integridad personal de los internos.
Catorce días después de esa publicación, un interno que habría sido separado precisamente por amenazas contra su integridad apareció muerto dentro de una celda de aislamiento.
Alertas que venían de antes
La Policía revisa si esta muerte guarda relación con un presunto caso de tortura registrado el 27 de enero, en el que la víctima sobrevivió. Ambas investigaciones están en manos de la misma unidad especializada.
No era la primera señal. El 11 de mayo, el comisionado de la Defensoría del Pueblo en Pasco, Emerson Palacios Cárdenas, informó que la entidad había pedido información al director del penal tras una denuncia de familiares de un interno. Según la familia, lo amenazaban con agresiones si no cumplía ciertas exigencias, y la denuncia mencionaba una posible participación de personal del INPE, punto que debía esclarecerse. Palacios recordó entonces que en febrero ya hubo una intervención en Cochamarca por hechos similares, con una comisión llegada desde Lima. No se ha informado si aquel interno es el mismo que murió el 19 de setiembre.
"La persona privada de libertad pierde ese derecho, pero no pierde su dignidad ni sus derechos humanos", dijo Palacios en mayo.
La investigación policial tiene un plazo inicial que podría llegar a 60 días, sujeto a lo que disponga o amplíe el Ministerio Público. Por ahora, la muerte de un hombre que estaba bajo custodia del Estado no tiene un solo sospechoso.
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