El Poder Ejecutivo declaró en situación de emergencia la infraestructura educativa pública a escala nacional mediante el Decreto Supremo N.° 013-2026-Minedu, con el objetivo de destrabar y acelerar la reducción de la histórica brecha de colegios en mal estado, agilizar la construcción de nuevos locales escolares y asegurar presupuestos para el mantenimiento permanente.
La norma, publicada hoy 27 de agosto, también ordena al Ministerio de Educación (Minedu) presentar una propuesta con rango de ley para crear un sistema funcional nacional de infraestructura educativa y conformar un ente rector especializado adscrito al ministerio.
Una deuda social con los escolares
La medida aborda una de las mayores deudas sociales del Estado. Miles de colegios públicos operan con infraestructura deficiente: techos dañados, muros agrietados, falta de cerco perimétrico o carencia de servicios esenciales de agua, desagüe y electricidad. Declarar la emergencia permite priorizar el presupuesto público hacia las escuelas más vulnerables.
Para los escolares, docentes y padres de familia, la situación se traduce en ambientes de estudio más seguros y dignos, reduciendo el peligro de accidentes por caída de estructuras y garantizando servicios higiénicos y aulas adecuadas para el aprendizaje. En las regiones y zonas rurales alejadas, permitirá focalizar inversiones directas en provincias andinas y amazónicas que históricamente han tenido menor acceso a infraestructura educativa moderna.
El problema en Huánuco
Según información del Minedu a octubre de 2025, Huánuco registra 2044 inmuebles educativos en condición de “no saneado”, lo que representa el 58.68 % del total nacional. Esta cifra ubica a la región como una de las más afectadas del país, solo superada por Cajamarca (3577), Loreto (2889), Puno (2827) y Junín (2368).
El saneamiento físico-legal de los predios es un requisito básico para ejecutar obras de mejora o construcción. Sin este, los proyectos de infraestructura escolar pueden quedar paralizados por años, afectando directamente la continuidad del servicio educativo.
Gobiernos regionales y locales deberán articular
Los Gobiernos Regionales y Locales deberán articular sus expedientes técnicos y proyectos de inversión con los nuevos lineamientos y estándares que emita el Minedu, evitando la duplicidad de gastos. La norma busca separar las funciones de rectoría y política pública, que corresponden al Minedu, de las de ejecución, supervisión técnica y fiscalización, hoy repartidas entre el ministerio, el Pronied, los gobiernos regionales y la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).
El Minedu tiene 30 días para diseñar las medidas que reorganicen el sector. Los informes técnicos identificaron tres necesidades: reforzar el mantenimiento de los locales escolares, mejorar la sostenibilidad de las inversiones ya realizadas y ordenar la información sobre infraestructura a nivel nacional.
La dinamización de obras escolares y programas de mantenimiento preventivo generará contrataciones de servicios y empleo directo para albañiles, gasfiteros, electricistas y técnicos en cada localidad, según la fuente oficial.
Antecedentes: la crisis en cifras
La declaratoria de emergencia se da en un contexto de déficit histórico. Un informe de la Defensoría del Pueblo, difundido en abril de 2026, advirtió sobre graves fallas en colegios públicos tras supervisar 550 instituciones educativas a nivel nacional. El documento reveló que 185 colegios (33,6 % de la muestra) no recibieron presupuesto para mantenimiento básico.
De las 330 escuelas que sí realizaron intervenciones, el 71,8 % priorizó la reparación de servicios higiénicos y el 63,6 % intervino sistemas eléctricos, evidenciando riesgos de salubridad y seguridad. Además, 246 instituciones (45 %) reportaron problemas en la dotación de materiales educativos, y se registraron 30 plazas docentes sin cubrir y ausencias injustificadas en 72 colegios.
Según la Defensoría del Pueblo, estas condiciones afectan directamente la permanencia de los estudiantes y el desarrollo de actividades escolares en ambientes adecuados.
Riesgo en regiones por lluvias y huaicos
La emergencia también responde a la exposición de locales educativos ante desastres naturales. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), en Arequipa cerca de 1460 locales educativos estuvieron expuestos a riesgo alto o muy alto de movimientos de masa, y al menos 151 colegios públicos registraron daños en su infraestructura durante el último verano.
Pese a ello, más de 412 mil escolares retornaron a las aulas el 16 de marzo, por lo que la seguridad y continuidad educativa de miles de estudiantes está en riesgo, advirtió el IPE. La Defensoría del Pueblo pidió priorizar a las regiones en emergencia por lluvias y huaicos, donde las condiciones afectan con mayor intensidad el funcionamiento del sistema educativo.
Próximos pasos
El Minedu deberá presentar en un plazo de 30 días las medidas que reorganicen el sector, incluyendo la creación del sistema funcional de infraestructura educativa y el ente rector. Además, se espera que las coordinaciones entre el Minedu y la Sunarp agilicen el saneamiento físico-legal de los predios, un paso clave para destrabar las obras pendientes.
La norma plantea un reto inmediato para los gobiernos regionales y locales: adecuar sus expedientes técnicos a los nuevos estándares. Sin embargo, no se especifica el plazo de duración de la declaratoria de emergencia ni los montos presupuestales asignados para la ejecución de las medidas.
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