La disposición fiscal alcanza a quienes ejecuten trabajos sin certificación ambiental, autorización municipal para tala o retiro de árboles, o documentos vinculados al proceso de amparo
La intangibilidad de las áreas verdes y árboles de la Alameda de la República deberá ser resguardada por la Policía Nacional mediante patrullajes extraordinarios, según una disposición emitida por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Huánuco.
La Disposición n.° 2, firmada por el fiscal provincial César Gonzales Ramos, exhorta al jefe del Departamento Policial del Medio Ambiente a disponer la intervención de quienes realicen trabajos en la zona sin acreditar los documentos exigidos. De acuerdo con el texto fiscal, esas personas podrían ser intervenidas en flagrancia si no sustentan la certificación ambiental, el estudio de impacto ambiental o la autorización expresa para el retiro o tala de árboles.
El caso está relacionado con la obra pública denominada “Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la Alameda de la República y Prolongación Alameda de la República”, cuestionada por un grupo de ciudadanos por la forma en que estaría siendo concebida.
La Fiscalía dio por concluido el procedimiento preventivo, pero recordó que la Ley n.° 27446, Ley del Sistema de Impacto Ambiental, establece que no pueden iniciarse proyectos, servicios o actividades que puedan generar impactos ambientales significativos sin contar previamente con certificación ambiental emitida por la autoridad competente.
Advertencia a gobiernos regional y local
La disposición también exhorta a los titulares de los gobiernos regionales y locales de Huánuco, en su calidad de garantes, a supervisar a sus equipos técnicos y gerencias de línea en la recepción del expediente técnico, documentos de gestión ambiental y permisos correspondientes.
El pronunciamiento fiscal menciona el contrato n.° 135-2025-GRH/GGR y advierte que las actuaciones vinculadas a la obra deben ajustarse a los lineamientos normativos en materia ambiental.
Según la disposición, quienes actúen sin los documentos que acrediten la legalidad de los trabajos podrían incurrir en el delito de alteración del paisaje o medioambiente. También se menciona como elemento pendiente las resultas de la acción de amparo y la medida cautelar planteadas sobre el caso.
La intervención policial, desde ahora, quedará sujeta a la verificación en campo de los documentos ambientales y municipales exigidos. Lo que ocurra en los próximos días determinará si la obra continúa bajo observación preventiva o si el conflicto escala a una investigación penal por afectación ambiental.
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