Miguel Malpartida Mendoza, presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Huánuco, deslindó hoy la responsabilidad del Ministerio Público sobre las condenas y prisiones preventivas emitidas en la región. El magistrado advirtió que la ciudadanía y algunos sectores legales confunden sistemáticamente la labor de requerimiento fiscal con la potestad resolutiva de los jueces, lo que afecta la percepción de la justicia.
La aclaración institucional surge tras una serie de declaraciones en medios locales donde litigantes y familiares de procesados atribuyen directamente a los fiscales la ejecución de sentencias. Según Malpartida, esta narrativa tergiversa el diseño del sistema procesal penal, donde el fiscal es solo una parte que solicita una medida, la cual debe ser debatida y validada por un órgano jurisdiccional autónomo.
El representante del Ministerio Público enfatizó que, en casos de alta sensibilidad social como las prisiones preventivas o delitos de violación sexual, el fiscal no tiene la última palabra. El magistrado recordó que estas decisiones son el resultado de un debate contradictorio donde el juez de investigación preparatoria o un colegiado evalúa la legalidad del pedido antes de emitir un fallo.
El principio de objetividad y el control del juez de garantías
Malpartida Mendoza sostuvo que la labor fiscal se rige por el principio de objetividad, lo que obliga a los magistrados a recabar tanto pruebas de cargo como de descargo. Precisó que no existe impedimento legal para que un fiscal utilice elementos ofrecidos por la propia defensa si estos, tras ser evaluados, confirman la responsabilidad del investigado en un hecho delictivo.
"El Ministerio Público no personaliza los casos", subrayó el fiscal, rechazando las versiones que sugieren animadversión entre fiscales y abogados defensores. Aseguró que cada requerimiento de acusación pasa por controles estrictos de forma y fondo, supervisados por fiscales superiores y el propio juez de garantías, lo que impide que los pedidos sean "antojadizos o subjetivos".
El magistrado también se refirió a la complejidad de los procesos de apelación, donde la decisión de un juez de primera instancia puede ser revisada por hasta tres jueces superiores. Para Malpartida, esta pluralidad de instancias garantiza que las resoluciones no dependan de un solo criterio, sino de una evaluación técnica colectiva que busca la fiabilidad del sistema.
Hacia una pedagogía de la función fiscal
El presidente de la Junta de Fiscales Provinciales anunció que mantendrá una política de puertas abiertas para esclarecer las dudas de la población y los medios de comunicación. El objetivo es evitar que se siga "satanizando" la función del fiscal bajo el argumento emocional de familiares que buscan defender a procesados ignorando el sustento técnico de las pruebas obtenidas.
La tensión institucional se mantiene mientras la Fiscalía busca recuperar el control de la narrativa pública frente a la presión de los sectores insatisfechos con los fallos judiciales. El próximo paso de la Junta de Fiscales será intensificar la labor educativa para separar, definitivamente, la función de investigar de la responsabilidad constitucional de juzgar y sentenciar.
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