La salida de José Domingo Pérez del Ministerio Público, tras la decisión unánime de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de no ratificarlo en el cargo, abre un nuevo capítulo en la institucionalidad fiscal del país. La medida, adoptada luego de un proceso de evaluación integral, concluyó que el magistrado no alcanzó la “convicción positiva” necesaria para renovar la confianza en su desempeño como fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios.
Según el pronunciamiento oficial, la decisión será comunicada a la Fiscalía para la ejecución de las acciones correspondientes. La JNJ subrayó que la ratificación de un magistrado se sustenta en la certeza de que ejerce su función con mesura, respeto al marco normativo y compromiso con el servicio de justicia. Sin embargo, tras analizar los elementos del proceso, el pleno determinó que estos criterios no fueron satisfechos en el caso de Pérez.
El organismo precisó que la confianza institucional no es automática ni permanente, sino que debe renovarse sobre la base de un desempeño consistente y alineado con los principios del sistema de justicia. En ese sentido, la no ratificación no implica necesariamente una sanción directa, pero sí refleja una evaluación desfavorable en términos de idoneidad y continuidad.
La salida de Pérez se produce en un contexto de cambios estructurales dentro del Ministerio Público. Meses atrás, el entonces fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, dispuso la disolución de equipos especiales clave como Lava Jato, Los Cuellos Blancos y otros grupos de investigación de alto perfil. Esta decisión también implicó la salida de figuras centrales como Rafael Vela y el propio Pérez, quien fue uno de los fiscales más visibles en el caso Odebrecht.
A ello se sumó el apartamiento preventivo del magistrado por seis meses, ordenado por la Autoridad Nacional de Control (ANC), en el marco de un proceso disciplinario por presuntas infracciones administrativas vinculadas al caso Cócteles. Esta medida le impidió ejercer funciones fiscales durante ese periodo.
En medio de este panorama, José Domingo Pérez había advertido previamente sobre un clima adverso en su contra dentro de la institución. Incluso, no descartó la posibilidad de renunciar si persistían lo que calificó como actos de represalia y maltrato.
Tras conocerse la decisión de la JNJ, el exfiscal anunció que evaluará impugnar la medida, señalando que su situación no solo afecta su continuidad laboral, sino también su estabilidad económica, al quedar impedido de ejercer su profesión y percibir ingresos. Asimismo, dejó abierta la posibilidad de recurrir al Poder Judicial en busca de amparo.
El caso también adquiere una dimensión política tras sus recientes declaraciones públicas. En una entrevista, Pérez acusó a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de haberlo amenazado con prisión, sugiriendo incluso una presunta coordinación con sectores del Ministerio Público. Estas afirmaciones elevan la tensión en un escenario ya marcado por la polarización y la desconfianza institucional
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