Una medida cautelar derivada de una acción de amparo podría paralizar el proyecto de la Alameda de la República mientras se resuelve el proceso constitucional, advirtió Hernán Cajusol Chepe, exdecano del Colegio de Abogados de Huánuco. Su análisis sitúa el conflicto en un ámbito judicial que podría modificar los plazos de la obra.
Cajusol explicó que cualquier persona puede interponer una acción de amparo cuando considera que se han vulnerado derechos de una colectividad. En este caso, señaló que el argumento podría estar relacionado con el bienestar y el medio ambiente, derechos protegidos por la Constitución.
Según indicó, el punto decisivo no sería solo la admisión del amparo, sino la posible medida cautelar. Si el juez concede esa medida preventiva, el proyecto tendría que detenerse mientras se resuelve el proceso principal, especialmente si se considera que la ejecución podría causar un daño irreversible.
El árbol como argumento legal
Cajusol sostuvo que el riesgo de tala de árboles podría ser utilizado como argumento para solicitar la cautelar. Explicó que los requisitos centrales son la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. En términos prácticos, esto significa que el juez debe evaluar si existe apariencia de afectación y si esperar la sentencia podría hacer inútil la protección solicitada.
El abogado indicó que una medida cautelar debería resolverse en tres días, aunque en la práctica podría tomar una semana o diez días. También advirtió que un proceso de amparo puede durar meses en primera y segunda instancia, y varios años si llega al Tribunal Constitucional.
Cajusol afirmó que el Gobierno Regional debe explicar el proyecto y escuchar a la ciudadanía antes de ejecutar cualquier intervención. Según dijo, la falta de asistencia de técnicos regionales a espacios de discusión pública demuestra desinterés frente a una preocupación colectiva.
El escenario jurídico aún depende de lo que resuelva el juez y de los argumentos que se presenten. Pero la advertencia de Cajusol marca un punto clave: si el debate ambiental se traslada al Poder Judicial, la Alameda podría quedar suspendida no por decisión política, sino por una orden cautelar.
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