A puertas de un nuevo proceso electoral que definirá al próximo presidente de la República, así como a los futuros senadores y diputados, la Defensoría del Pueblo en Huánuco dejó clara su postura: no será parte de la evaluación de candidaturas, ni en la revisión de expedientes electorales, pero sí se mantendrá vigilante para que se respeten los derechos electorales de la ciudadanía y el cumplimiento de la ley.
Precisó que su papel será supervisar a los organismos electorales, cautelar los derechos del ciudadano y vigilar que el proceso se desarrolle sin abusos, exclusiones arbitrarias ni actos de violencia.
El defensor del Pueblo, Marco Durand Rocca, sostuvo que la institución ya viene observando el desarrollo de una contienda compleja, marcada por la participación de decenas de listas presidenciales y miles de candidatos al Parlamento. En ese contexto, remarcó que la Defensoría no puede asumir funciones que no le corresponden, pese a que algunos representantes de organizaciones políticas acudieron a la institución buscando respaldo o presencia en la revisión de expedientes ante el Jurado Electoral Especial.
Durand fue enfático al precisar que la Defensoría no actúa como testigo, veedora ni evaluadora de candidaturas. Su función, explicó, es supervisar a las entidades responsables del proceso electoral, como la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Electoral Especial de Huánuco, para verificar que sus actuaciones se ajusten a la ley y no vulneren derechos fundamentales. La institución, recalcó, no entra a favorecer candidaturas ni a intervenir en decisiones que son competencia exclusiva de los órganos electorales.
La Defensoría también ha puesto atención en uno de los puntos más sensibles del proceso: la verificación de que los candidatos cumplan realmente con los requisitos exigidos por ley. Según explicó Durand, el organismo defensor supervisa que las evaluaciones se realicen de manera objetiva, dentro de los plazos establecidos y con respeto al debido procedimiento.
En esa línea, recordó que un postulante puede ser excluido del proceso si oculta información relevante al momento de su inscripción, como sentencias judiciales u otros antecedentes que debieron ser declarados. Esa situación, advirtió, no puede interpretarse como arbitrariedad cuando responde a una norma ya establecida, sino como consecuencia de un incumplimiento del propio candidato o de su organización política.
El defensor también dejó entrever que algunos actores políticos han intentado cuestionar decisiones del sistema electoral luego de haber incumplido plazos o requisitos. Frente a ello, marcó una posición firme: la Defensoría no puede convertir errores de trámite o faltas documentarias en supuestos abusos institucionales. Cada organización política, subrayó, tiene la responsabilidad de actuar dentro del marco legal y presentar su información completa y a tiempo. En otras palabras, no habrá espacio para confundir supervisión de derechos con defensa de candidaturas observadas.
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