El Director Regional de Salud de Huánuco, Gustavo Barrera, responsabilizó directamente a la Municipalidad Provincial de Ambo y a la empresa contratista por el reciente desmantelamiento y vandalismo sufrido en la nueva infraestructura del centro de salud local. El funcionario advirtió que el proyecto fue levantado de forma irregular sobre un predio de 400 metros cuadrados que permanece en litigio judicial, una vulnerabilidad que habría facilitado el ingreso de terceros y la sustracción de equipos biomédicos.
Según el titular de la Diresa, el incidente no es un hecho aislado de inseguridad ciudadana, sino la consecuencia de una "donación de terreno defectuosa" que arrastra vicios legales desde el inicio de la ejecución en 2018. Barrera sostuvo que, aunque la obra no ha sido entregada formalmente a su sector, la responsabilidad de la custodia recae en la comuna provincial y en la constructora, quienes habrían omitido la contratación de personal de seguridad pese a las advertencias previas.
La crisis escaló tras la destrucción de parte de la infraestructura y la pérdida de equipamiento especializado, daños que aún no han sido cuantificados económicamente por la empresa ejecutora. El funcionario señaló que la incursión violenta fue protagonizada por una de las partes en conflicto por la propiedad del terreno, amparada presuntamente en una sentencia de primera instancia que, a juicio de la autoridad regional, no facultaba el atropello a la propiedad pública ni el robo de bienes del Estado.
Negligencia en el saneamiento legal del predio
La tensión administrativa se centra en la tercera etapa de la donación del terreno, la cual no cuenta con saneamiento físico-legal. Gustavo Barrera precisó que, bajo su gestión, se remitieron documentos y se sostuvieron reuniones con la Municipalidad de Ambo para exigir la subsanación de este vacío o la búsqueda de una solución extrajudicial, como la compra directa del área a la propietaria demandante, medida que fue desestimada o ignorada por las autoridades locales anteriores y actuales.
El conflicto institucional se agrava por la falta de una estrategia jurídica clara entre los procuradores. Mientras el director de Salud invoca la intervención inmediata del Procurador Municipal como primer responsable de la obra, existen discrepancias sobre qué entidad debe liderar la denuncia penal por la sustracción de bienes, dado que el vigilante del recinto habría denunciado el hecho a título personal y no en representación del Estado, lo que podría debilitar el proceso ante el Ministerio Público.
Pese al daño patrimonial, la Diresa confirmó que la atención médica para la población de Ambo no se ha suspendido, pues se mantiene operativa en el local antiguo del establecimiento. No obstante, Barrera anunció la presentación de una acción de amparo para frenar cualquier intento de toma del predio y exigió al alcalde provincial la instalación inmediata de medidas de control para evitar nuevos eventos que pongan en riesgo la inversión pública ya ejecutada.
La resolución de este caso queda ahora supeditada a la celeridad del Procurador Regional y a la disposición del municipio para resolver un conflicto de propiedad que debió cerrarse hace seis años. El destino de la nueva infraestructura, vital para la red de salud de la provincia, dependerá de si las autoridades logran blindar legalmente el terreno antes de que el proceso judicial derive en una orden de demolición o pérdida definitiva del predio.
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