El presidente de la Beneficencia, Baltazar Vara Berrospi, confirmó que el Poder Judicial ha fijado para el 10 de julio de 2026 la fecha de lanzamiento del inmueble ocupado por la Dirección Regional de Salud (Diresa), marcando un punto decisivo en un conflicto que se arrastra desde fines del año pasado.
Según explicó, desde noviembre o diciembre se inició formalmente el proceso, otorgándose un plazo cercano a siete meses para que la entidad regional busque un nuevo local. “La fecha ya ha sido señalada por el juez”, enfatizó, remarcando que el caso se encuentra judicializado y que ni la presidencia ni el directorio de la Beneficencia pueden suspender la ejecución de una sentencia.
Vara fue enfático en deslindar responsabilidades con la Municipalidad de Huánuco. Aclaró que los locales pertenecen exclusivamente a la Beneficencia y que su administración es autónoma. Señaló que incluso se habría explicado a representantes del MIDIS que el inmueble en disputa no funciona como hospital, desmintiendo versiones que —según indicó— habrían generado confusión sobre una posible afectación directa a pacientes.
Sustento depende de alquileres
En su pronunciamiento, Vara subrayó que la Beneficencia no recibe “ni un sol” del Estado y que su funcionamiento depende íntegramente de los ingresos por alquileres y convenios institucionales. Con esos recursos se financian programas sociales esenciales, como la alimentación de niños del Centro de Atención Residencial (CAR), la atención de adultos mayores y el pago del personal.
Bajo ese argumento, sostuvo que la recuperación de inmuebles no es solo un tema administrativo, sino una necesidad financiera para sostener la labor social de la institución.
Asimismo, lanzó una advertencia: si al momento del desalojo el inmueble presenta daños estructurales, se realizarán peritajes técnicos para determinar responsabilidades civiles y, de ser el caso, penales. Recordó un antecedente en el que un arrendatario habría dejado el local con severos deterioros.
El escenario podría ampliarse. Vara informó que existen entre 15 y 16 locales adicionales en situación de morosidad, cuyos expedientes ya fueron remitidos al procurador público para iniciar acciones legales. Esto anticipa una posible cadena de procesos de recuperación en los próximos meses.
Denuncias por concursos CAS
En paralelo, y en su condición de gerente de la Secretaría General de la Municipalidad, Vara enfrentó cuestionamientos sobre presuntas irregularidades en concursos CAS.
Aseguró que las entrevistas fueron públicas, con comisión integrada por tres miembros y apoyo de Recursos Humanos. Negó cualquier favoritismo y sostuvo que todos los postulantes fueron evaluados bajo criterios establecidos en las bases, incluyendo cultura general, desenvolvimiento y conocimientos relacionados al puesto.
Respecto a las críticas, afirmó que provendrían de una postulante que no superó la entrevista y que, según le informaron, familiares habrían amplificado el reclamo. “Siempre hay un ganador y alguien que no obtiene la plaza”, señaló, descartando que exista un patrón donde “siempre ganen los mismos”.
El caso abre dos frentes de alta sensibilidad: la ejecución judicial del desalojo de una entidad pública de salud en un contexto político regional complejo, y el debate sobre la transparencia y criterios de evaluación en los procesos de contratación municipal. Ambos temas, con implicancias legales e institucionales, seguirán bajo atención pública en los próximos meses.
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