La Asociación de Fiscalización y Proyección para la Prosperidad de Amarilis (AFPPPA) denunció que el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari perdió más del 50% de sus cupos de atención médica durante el año 2025. El hecho, atribuido a una deficiente gestión administrativa, ocurre en medio de cuestionamientos por el presunto blindaje político al director Marco Jaramillo y tras el reciente ascenso del nosocomio a la categoría de unidad ejecutora.
Juan Espinoza Beraún, presidente de la AFPPPA, detalló que, de los 40,711 cupos ofertados por el establecimiento el año pasado, solo se cubrieron 21,353 atenciones. Esta brecha representa 20,066 citas perdidas, equivalentes al 49.2% de la capacidad operativa del hospital, un dato que la organización civil obtuvo tras interponer una denuncia penal para obligar a la administración a transparentar sus cifras estadísticas.
La situación resulta crítica para un distrito que supera los 110,000 habitantes y cuya demanda de salud sobrepasa la oferta actual. Espinoza sostuvo que, mientras el centro de salud de Amarilis atiende a más de 150 pacientes diarios con apenas seis médicos, el hospital Carlos Showing Ferrari registra jornadas con un promedio de solo 28 atenciones en todas sus especialidades, una cifra que calificó de "mínima" frente a los recursos asignados.
Reducción de servicios y blindaje político
La denuncia de la AFPPPA señala que el director Marco Jaramillo ha impulsado una política de cierre paulatino de consultorios y el despido de médicos especialistas, bajo la premisa de convertir el nosocomio en un centro netamente de referencia. Entre las áreas afectadas se encuentra el servicio de psiquiatría y otras especialidades clave que han dejado de atender a la población de forma progresiva desde el año pasado.
Según los fiscalizadores, esta reducción de la cartera de servicios contraviene los informes de la Contraloría General de la República, que advierten sobre el incumplimiento del 100% de las prestaciones obligatorias. Bertha Beraún, integrante del colectivo ciudadano, pidió al gobernador regional, Antonio Pulgar, la remoción inmediata de Jaramillo, a quien acusa de "poner trabas" al acceso a la salud y mentir sobre las metas alcanzadas por su gestión.
La permanencia del director en el cargo ha generado suspicacias debido a la presunta protección de asesores del Gobierno Regional de Huánuco. Espinoza Beraún afirmó que el propio Jaramillo se jacta de ser "intocable" por su cercanía con el asesor FAG, Alexis, lo que explicaría por qué no ha sido removido a pesar de las denuncias por negligencias médicas y muertes neonatales que pesan sobre su administración.
Inversión millonaria sin impacto ciudadano
El conflicto escala en un momento donde el hospital ha recibido transferencias millonarias tras ser convertido en unidad ejecutora. Luis Lavado Mallqui, miembro de la asociación civil, advirtió que el aumento del presupuesto y los gastos administrativos no se han traducido en una mejora del servicio. "Es una unidad ejecutora con millones en inversión para atender a una mínima cantidad de población", precisó Lavado, cuestionando la eficiencia del gasto público.
Ante estos hallazgos, la AFPPPA presentó un informe formal ante la Gerencia de Desarrollo Social y la Oficina de Control Institucional (OCI) de la DIRESA Huánuco. La organización exige una auditoría a las licitaciones actuales y la verificación de los datos de atención, sospechando de una posible manipulación de estadísticas para inflar el número de pacientes atendidos durante los primeros 100 días de este año.
El futuro del hospital depende ahora de la respuesta del Gobierno Regional y de las acciones que tome la Contraloría frente a los documentos entregados. Mientras tanto, el malestar ciudadano crece en Amarilis, donde el riesgo para madres y recién nacidos se mantiene latente debido a la falta de especialistas y la limitada operatividad de un nosocomio que, en el papel, ostenta mayor presupuesto pero ofrece menores servicios.
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