Dos viudas de exchoferes de la Municipalidad Provincial de Huánuco formalizaron una denuncia penal contra el alcalde Antonio Jara y el procurador Jesús Dueñas Alvarado por omisión de actos funcionales. Rocío Romero Salgado y Gloria Támara exigen el cumplimiento de sentencias judiciales firmes que ordenan el pago de beneficios laborales pendientes desde 2017.
La acción legal, ingresada el 8 de mayo, responde a la presunta negativa institucional para ejecutar pagos de primera y segunda instancia ya ratificados por el Poder Judicial. Según las recurrentes, la administración edilicia ha utilizado maniobras administrativas para dilatar la entrega de fondos que pertenecen a los herederos de trabajadores fallecidos durante la emergencia sanitaria.
Rocío Romero Salgado, esposa del fallecido Carlos Antonio Valdés Verde, señaló directamente al procurador Dueñas como el principal responsable de la obstrucción. "Ganamos la sentencia en todas las instancias, pero el procurador siempre encuentra un motivo para negarnos el pago o cuestionar las fechas que ya figuran en el expediente", sostuvo Romero.
Deudas de la pandemia y resistencia institucional
El conflicto adquiere mayor relevancia por los antecedentes de los exservidores, quienes se desempeñaban como choferes y fallecieron por COVID-19 en 2021. Gloria Támara, viuda de Lee France Carhuaz Ildefonso, denunció que la municipalidad ha ignorado incluso trámites de nombramiento que fueron derivados desde Lima antes del deceso de su cónyuge.
Támara, quien padece problemas crónicos de salud, enfatizó que la falta de pago afecta directamente su calidad de vida y estabilidad económica. La demandante acusó a la gestión de Antonio Jara de mantener una postura indolente frente a un reclamo que cuenta con respaldo legal y documentación que acredita los años de servicio prestados.
El proceso penal por abuso de autoridad y rehusamiento de actos funcionales busca establecer responsabilidades individuales sobre la parálisis de estos expedientes. Las denunciantes advirtieron que existen otros casos similares de familias de extrabajadores municipales que enfrentan barreras burocráticas idénticas para acceder a sus derechos sucesorios.
La resolución de este caso marcará un precedente sobre el respeto a la cosa juzgada dentro de la administración pública de Huánuco. La Fiscalía deberá ahora calificar la denuncia y decidir si abre una investigación preparatoria que obligue a la municipalidad a transparentar el cronograma de pagos de sus obligaciones laborales judicializadas.
Comentarios
Comparte tu opinión de manera respetuosa.
Inicia sesión para dejar un comentario.