La crisis por el abastecimiento de agua potable en la ciudad de Huánuco ha tomado un matiz de extrema urgencia y controversia institucional. El defensor del Pueblo en la región, Marco Durand Rocca, lanzó una severa advertencia sobre la vulnerabilidad del canal de aducción principal que abastece a la planta de tratamiento de Cabrito Pampa, señalando que la infraestructura "ya cumplió su ciclo de vida" y que la desidia de las autoridades locales está acelerando un colapso que dejaría a la capital regional sin agua por hasta un mes.
La preocupación defensorial se enfoca en el tramo de conducción donde recientemente se detectó una fisura en un puente de soporte. No obstante, el factor más alarmante denunciado por Durand Rocca es la constante actividad de invasores clandestinos que escarban los cerros colindantes para asentar viviendas o comercios privados. Específicamente, el defensor identificó un "recreo" (centro de esparcimiento) ubicado en las inmediaciones del puente afectado, el cual viene ganando terreno al cerro y debilitando directamente los cimientos del canal.
"Cualquier ciudadano va, toma posesión de un pequeño terreno a inmediaciones del canal principal y empieza a escarbar sin que nadie le diga nada. No es posible que un canal que abastece a una capital de región esté sometido a la voluntad de personas que actúan amparadas por la burocracia municipal o de agricultura, bajo la excusa de que 'no tienen jurisdicción' o 'competencia'", fustigó la autoridad.
Exigencia de medidas constitucionales y acción fiscal "de oficio"
Frente a lo que calificó como un "abandono absoluto" por parte de la EPS Seda Huánuco, Durand Rocca exhortó a su directorio y gerencia a asumir la responsabilidad de defender la infraestructura de servicios básicos. Demandó de forma inmediata que la asesoría legal de la empresa prestadora o la Procuraduría Municipal interpongan una demanda constitucional de amparo y soliciten una medida cautelar de urgencia para ordenar la paralización de cualquier tipo de obra o excavación informal en el trayecto del canal principal.
Asimismo, hizo un llamado directo al Ministerio Público ante la inacción de las autoridades administrativas. "La Fiscalía de Prevención del Delito debe actuar de oficio por la noticia criminal. Ojalá que esta situación los haga despertar para que se constituyan de inmediato a la zona y realicen las diligencias urgentes que prevengan una tragedia sanitaria", puntualizó el titular de la Defensoría.
El peligro de un desabastecimiento prolongado y la propuesta de un nuevo trazo
La urgencia del pronunciamiento radica en la magnitud de los daños previstos. De colapsar por completo la base del puente hídrico, la ciudad no sufriría una interrupción del servicio de tres o cuatro días, sino un desabastecimiento total que podría prolongarse por 15, 20 días o incluso un mes entero, con repercusiones devastadoras para la salud pública, hospitales, comercios y hogares de la provincia.
Como solución definitiva frente a una infraestructura obsoleta, el defensor del Pueblo reveló que existe una propuesta técnica sólida para cambiar el trazo y el destino de este canal de conducción por una ruta mucho más segura y viable. El nuevo diseño plantea redirigir el paso de las tuberías principales por terrenos que pertenecen al Colegio de Alto Rendimiento (COAR), áreas de propiedad de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL) y campos del Ministerio de Agricultura, zonas libres de la amenaza de deslizamientos provocados por invasiones informales.
Sometimiento al mercado y sospechas de concertación en pasajes
En el ámbito social, la Defensoría del Pueblo también fijó su postura ante los reclamos de la ciudadanía por las tarifas de pasajes del transporte urbano masivo. Mientras que los colectivos redujeron sus tarifas a dos soles tras la estabilización en el costo de los carburantes, las empresas de buses se resisten a bajar su pasaje actual de un sol con cincuenta céntimos.
Al respecto, Durand Rocca aclaró que el Estado no puede fijar tarifas directamente, pues el transporte se rige por la libre competencia. No obstante, subrayó que existe una frontera legal que los transportistas no pueden cruzar: la concertación de precios o la formación de "cárteles".
"La ley no prohíbe poner el precio a tu servicio, pero sí prohíbe que puedas manejar un cártel o concertar tarifas. Allí tiene que participar la autoridad", precisó el defensor, tras advertir que los empresarios de buses se aprovechan de las alzas temporales del combustible para incrementar permanentemente sus costos operativos bajo excusas ajenas a los insumos directos. Ante esto, la Defensoría recomendará al Indecopi y a la comuna provincial realizar las investigaciones pertinentes para proteger los intereses económicos de la población.
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