Jhon Rupay, Leoncio Prado. La planta de Inversiones Ajimel EIRL, proveedora del Programa de Alimentación Escolar bajo la modalidad “comida lista para consumo”, quedó bajo observación de la Contraloría por deficiencias sanitarias y de seguridad detectadas durante la entrega N.° 5. Según el Informe de Visita de Control N.° 007-2026-OCI/8639-SVC, las fallas comprometen condiciones básicas de inocuidad en la producción de raciones destinadas a escolares de la Unidad Territorial Huánuco.
El Órgano de Control Institucional advirtió que la planta, ubicada en el distrito de Castillo Grande, no cuenta con autorización sanitaria para su sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas. De acuerdo con el informe, esta situación podría generar la suspensión de actividades y afectar la continuidad del servicio alimentario escolar.
La inspección también detectó que la empresa usa un Programa de Higiene y Saneamiento distinto al remitido a la Dirección General de Salud Ambiental. Según el OCI, esa diferencia significa que la producción de raciones se realiza bajo condiciones que no fueron validadas por la autoridad sanitaria competente.
Tres fallas en una misma planta
El tercer punto crítico es el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones. El informe señala que la planta tenía el ITSE vencido, condición vinculada a la licencia de funcionamiento y a la verificación de seguridad del local donde se procesan alimentos para escolares.
La Contraloría también registró deficiencias en el control de temperatura del almacén de huevo fresco y del área de envasado. Según la comisión de control, estas fallas podrían afectar la calidad sanitaria, la inocuidad y las características físico-químicas de los alimentos preparados.
El caso expone una cadena de control debilitada. La empresa debía operar con autorizaciones sanitarias vigentes, la Municipalidad Distrital de Castillo Grande debía verificar condiciones de seguridad y el Programa de Alimentación Escolar debía asegurar que el proveedor cumpla los requisitos antes y durante la entrega.
La supervisión queda bajo presión
La Red de Salud Leoncio Prado queda bajo escrutinio público por su rol en la vigilancia sanitaria local, aunque el informe de Contraloría no desarrolla una evaluación específica sobre su actuación. La proximidad de su sede con la planta observada incrementa la exigencia de una respuesta clara frente a los riesgos advertidos.
El documento fiscalizador no habla de un incidente aislado, sino de fallas acumuladas en un servicio sensible: alimentos preparados para escolares. La falta de autorización para aguas residuales, el uso de un plan de higiene no validado y el ITSE vencido configuran un escenario que exige correcciones verificables, no solo respuestas administrativas.
El siguiente paso corresponde al Programa de Alimentación Escolar, a la Municipalidad de Castillo Grande y a las autoridades sanitarias competentes. El punto pendiente es si las observaciones derivarán en sanciones, suspensión de actividades o cambios en la contratación antes de la siguiente entrega de raciones.
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