El representante gremial se pronunció en torno a las protestas que comerciantes vienen realizando desde esta semana, en rechazo a lo que consideran un aumento excesivo en las tarifas por el uso de sus puestos. Según lo informado por los manifestantes, los cobros habrían subido de 42 a más de 400 soles.
Deficiencias sanitarias y de seguridad
Cajusol cuestionó la legitimidad del reajuste tarifario aplicado por la comuna provincial, señalando que “cualquier alza debería estar respaldada por mejoras notorias en las condiciones del mercado, como infraestructura, salubridad o seguridad”, aspectos que —según indicó— están actualmente ausentes en el centro de abastos.
“El reclamo de los comerciantes me parece justificado. La municipalidad debería iniciar mejoras inmediatas en el mercado, que en su estado actual presenta serias deficiencias”, manifestó, en declaraciones a medios locales.
El abogado también fue consultado sobre la posibilidad de una denuncia penal contra el alcalde Antonio Jara Gallardo y los funcionarios implicados. Según explicó, si se demuestra un cobro sin sustento legal, podrían estar incurriendo en el delito de exacción ilegal o cobro indebido, figura que sanciona a funcionarios que impongan tarifas sin respaldo normativo.
Llamado a la fiscalización y corrección administrativa
Cajusol exhortó al Concejo Provincial a ejercer su rol de fiscalización y revisar no solo el caso del mercado de Puelles, sino también otros espacios públicos como la Plaza de Armas, donde —según indicó— existen cobros por ferias sin transparencia sobre su destino.
Respecto a la afirmación del gerente municipal, Teófilo Loarte, quien sostuvo que el reajuste ya fue aprobado en el TUSNE y no puede modificarse, el decano discrepó señalando que “todo acto administrativo puede ser revisado o revocado por el propio consejo”.
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