La empresa Volcan y los activos mineros en Pasco fueron señalados directamente por el congresista Pasión Dávila como presuntos responsables de contaminar ríos en la zona de influencia minera de Chaupimarca y Simón Bolívar. Según afirmó el parlamentario, las aguas ácidas estarían afectando las vertientes que forman el río San Juan y terminarían desembocando en el lago Chinchaycocha.
Dávila realizó la denuncia tras una inspección difundida el 27 de abril, a las 8:41 a. m., en la que sostuvo que comprobó “una vez más” la contaminación de los ríos sin responsabilidad empresarial. El congresista también cuestionó que un lago declarado área protegida hace más de 50 años siga expuesto a impactos ambientales sin una reacción pública contundente de las autoridades competentes.
La denuncia apunta a cuatro entidades del Estado: Sernanp, OEFA, ANA y el Ministerio del Ambiente. Dávila afirmó que estas instituciones “guardan silencio” frente a lo que calificó como un crimen ambiental que, según su declaración, destruye fuentes de agua y golpea a las poblaciones más pobres.
La comunidad reporta diligencia de OEFA
Información proporcionada desde la comunidad campesina de Quiulacocha señala que el 27 de abril de 2026, entre las 10:00 y las 12:30 horas, se acompañó una diligencia preliminar de verificación del equipo de supervisión ambiental en minería del OEFA en el distrito de Simón Bolívar.
Según el reporte socioambiental comunal, la intervención comenzó con la constatación de que el vertimiento E-204 no se encontraba en actividad. Luego se realizaron mediciones de pH, conductividad eléctrica y oxígeno disuelto aguas arriba y aguas abajo del vertimiento EO-01.
El mismo documento comunal indica que también se tomaron lecturas en el brazo derecho e izquierdo del río Ragra, ambos con aguas residuales domésticas provenientes del centro poblado Paragsha y del distrito de Simón Bolívar. La diligencia incluyó la identificación de escorrentías que aportarían al río.
Silencio estatal bajo cuestionamiento
Dávila comparó la actuación estatal en áreas protegidas y sostuvo que existe una contradicción entre la presión que, según él, reciben pueblos originarios de la Amazonía por pedir carreteras y la falta de respuesta frente a la presunta contaminación del lago Chinchaycocha.
La acusación coloca nuevamente bajo presión a Volcan y a los organismos ambientales llamados a fiscalizar vertimientos, calidad del agua y protección de ecosistemas. Hasta ahora, según la información disponible, la diligencia concluyó sin presencia de población local y sin un pronunciamiento público detallado sobre resultados técnicos.
El siguiente punto crítico será conocer si OEFA, ANA, Sernanp o el Ministerio del Ambiente emiten medidas, informes o nuevas acciones de fiscalización. Para las comunidades de Pasco, la pregunta inmediata es si la denuncia abrirá una intervención efectiva o quedará como otro registro de contaminación sin responsables visibles.
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