El inicio de la obra de la Alameda de la República el 15 de julio podría desencadenar un conflicto social si el Gobierno Regional insiste en ejecutar el proyecto sin aclarar antes las dudas técnicas, ambientales y ciudadanas. Así lo advirtió el decano del Colegio de Abogados de Huánuco, Handhy Cruz Jaramillo, quien aclaró que su posición no es que la obra nunca se realice, sino que no debe comenzar en la fecha anunciada.
Cruz señaló que el proyecto no ha sido debidamente socializado y que aún no se conocen componentes básicos del expediente. Entre los puntos pendientes mencionó el estudio ambiental, la posible tala de árboles, el lugar exacto donde empezaría la intervención, la reubicación de los feriantes sabatinos y el impacto sobre una vía principal de la ciudad.
El decano destacó que la alta concurrencia a la reunión convocada por el Colegio de Abogados refleja el nivel de incertidumbre existente en la sociedad civil. Además, indicó que su institución no fue invitada a una reunión previa en la Cámara de Comercio, y que otros representantes ciudadanos afirmaron no haber sido convocados.
Una fecha convertida en conflicto
El 15 de julio concentra la presión de varios sectores. Según Cruz, los feriantes sabatinos están preocupados por la ejecución, la construcción civil exige que la obra inicie y existen vecinos y grupos ciudadanos divididos entre el respaldo y el rechazo. En ese contexto, advirtió que avanzar "al caballazo" puede generar un choque social innecesario.
Cruz también mencionó que el alcalde provincial habría señalado haber sido presionado por construcción civil para firmar un acta en la que se comprometía a iniciar la obra en esa fecha. Bajo esa interpretación, el decano advirtió que si se produce algún disturbio entre gremios, feriantes o vecinos, la responsabilidad recaerá en el Gobierno Regional por insistir en ejecutar el proyecto sin resolver el contexto social.
El Colegio de Abogados evalúa emitir un pronunciamiento institucional. Cruz remarcó que la decisión final corresponde al Gobierno Regional, pero insistió en que la entidad debe socializar todo el proyecto de inversión pública, disipar las dudas y garantizar un ambiente de tranquilidad antes de iniciar cualquier intervención.
Amparo y medida cautelar en camino
El Gobierno Regional, por su parte, afirmó que no ha sido notificado formalmente sobre ninguna acción de amparo ni medida cautelar. Su asesor legal precisó que, si una autoridad judicial ordena detener alguna actuación administrativa, la entidad deberá acatarla, pero sostuvo que hasta ahora no existe ninguna disposición conocida que frene el procedimiento.
Cruz indicó que, según su información, un estudio jurídico presentó una demanda de amparo y una medida cautelar vinculadas al proyecto. Señaló que estas acciones buscan proteger intereses difusos relacionados con el medio ambiente, la tala de árboles, la obstrucción de una vía principal y una posible afectación al patrimonio cultural.
El conflicto ya no gira solo en torno a una obra, sino que involucra la confianza pública, la transparencia técnica y el manejo político. Si el Gobierno Regional no corrige las contradicciones sobre el expediente, los árboles y la fecha de inicio, el 15 de julio podría dejar de ser el comienzo de una intervención urbana para convertirse en el día en que estalle una crisis anunciada.
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